Tabla de contenido
Víctimas de delitos de lesa humanidad ven con preocupación las políticas desplegadas por el Gobierno de Javier Milei en materia de inteligencia, derechos humanos y memoria histórica.
El Ministerio Público argentino demandó a diversas instancias del Estado argentino la entrega de toda la documentación que posean sobre el Plan Cóndor, una estrategia de integración de la inteligencia al servicio de dictaduras en el Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980 impulsada y avalada por EE.UU.
Según revela una investigación publicada este 4 de septiembre por Página 12, la fiscala Paloma Ochoa decidió acoger una solicitud que introdujo Alejandrina Barry, víctima, junto a su familia, del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura militar (1976-1983), justo antes de que el Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei decidiera reactivar la Secretaría de Inteligencia del Estado.
En el trabajo periodístico se llama a recordar que en 2016, la Justicia argentina estableció que el Plan Cóndor fue “un acuerdo ilícito regional” iniciado en 1975, cuyo objetivo era intercambiar información y prisioneros –en su mayoría, militantes de organizaciones de izquierda–, así como conducir operativos conjuntos en la región conducentes a la captura de quienes habían sido marcados como objetivo.
En Argentina está establecida la responsabilidad de la SIDE en las operaciones ejecutadas por el Plan Cóndor durante el mandato de las juntas militares. Archivos desclasificados de EE.UU. dejan en evidencia que el titular de esa organización en 1977, Carlos Laidlaw, coordinaba las acciones.
El caso de Alejandrina Barry
Ese mismo año, una niña que para entonces tenía menos de tres años, Alejandrina Barry, se convirtió en víctima del terror de la dictadura, cuando un grupo de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) ejecutó en Uruguay un operativo en el que fueron asesinados sus padres. En lugar de repatriarla, el régimen cívico-militar la retuvo y la usó como propaganda, al difundir la falsa especie de que había sido dejada a su suerte por sus padres militantes. Nunca dijeron que estaban muertos y ocultaron su secuestro ante la opinión pública.
En 2012, Barry consiguió que la Secretaría de Inteligencia confirmara que tenía documentos sobre su familia, luego de que el juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa ESMA, le diera curso a un pedido que había impulsado a través de su defensa, encabezada por la ahora diputada Miriam Bregman. En julio pasado repitió la solicitud, pocos días antes de que el Ejecutivo decidiera modificar el sistema de inteligencia.
“Hicimos este pedido ante los cambios que están ocurriendo en la central de inteligencia. Nos consta que tienen numerosa información relacionada con las víctimas de la dictadura militar y es importante para las causas en curso. Necesitamos una pronta resolución judicial que ordene preservar todos esos archivos. Hace muchos años que venimos trabajando en este tema; por eso, la preocupación es tan grande”, explicó en su día Bregman.
El asunto habría sido discutido en una reunión que sostuvieron este agosto miembros destacados de organizaciones de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado con los jueces Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, de donde habría surgido la recomendación a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad que se aboquen a preservar los archivos y los lugares donde se cometieron los crímenes.
La demanda de la Fiscalía
De acuerdo con la reconstrucción aportada por Página 12, la fiscala Ochoa se hizo eco del pedido de Barry y extendió la demanda al resto de las víctimas del Plan Cóndor. A estos efectos, solicitó a la SIDE, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad la remisión de toda la información de las víctimas, de los sindicados y de los inicios del plan represivo trasnacional.
Los pliegos de su solicitud estaban dirigidos al juez Sebastián Casanello, quien se encuentra de permiso hasta finales de este septiembre. Sin embargo, el despacho está siendo atendido por el juez federal Daniel Rafecas, quien desde 2004 tuvo a su cargo investigar extensamente los crímenes perpetrados durante la época del terrorismo de Estado e indagó sobre el papel jugado por la SIDE en los centros de detención clandestina de Bacacay, Pomar y Automotores Orletty.
Retrocesos
Personas como Alejandrina Barry ven con preocupación los retrocesos en materia de derechos humanos, reparación de víctimas y preservación de la memoria que en pocos meses ha puesto en marcha la administración libertaria, que se ha traducido en la desaparición de organizaciones e instancias de trabajo como la mesa conjunta entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Archivo Nacional de la Memoria y entidades de derechos humanos, según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa.
Del lado de las Fuerzas Armadas también se han adelantado políticas destinadas a obstruir el acceso a archivos relacionados con violaciones masivas a los derechos humanos. Así, en marzo pasado, el ministro de Defensa, Luis Petri, inició el desmantelamiento de los equipos de civiles que resguardaban los archivos, y en julio se derogó definitivamente una resolución de 2010 que autorizaba la creación de esos grupos para contribuir en las investigaciones de delitos contra la humanidad.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha hecho caso omiso de las peticiones formuladas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), dedicada a la búsqueda de menores robados durante el régimen militar. A esto se sumó la eliminación por decreto de la unidad especial de investigación del organismo, que desde 2004 contaba con acceso ilimitado a los archivos en poder del Estado.
“Luchamos muchos años por demostrar que esos archivos existían, tomando el ejemplo de las Madres. Durante todos estos años nos decían que no existían y después de ese esfuerzo que hicimos, presentándonos una y otra vez en el juzgado de Sergio Torres, obtuvimos la documentación”, refirió Barry.
La denunciante apuntó que si bien “los primeros archivos” que recibió por el caso de sus padres no contenían “información novedosa”, fueron muy relevantes porque permitió demostrar que la documentación existía.
“Esta presentación que realizamos tiene que ver con preservar esos documentos porque, en el marco de un Gobierno que reivindica abiertamente la dictadura militar, nuestra máxima preocupación es evitar que se destruyan. Y esos archivos pueden ser una herramienta enorme para conocer la verdad que nos falta, para conocer el destino de los más de 300 niños, hoy ya adultos, que continúan apropiados, el destino de nuestros familiares que todavía no sabemos dónde están sus cuerpos”, completó.
