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Desde Amnistía Internacional piden a la Fiscalía investigar “adecuadamente” estos casos.
La organización Amnistía Internacional (AI) alertó que sigue sin conocerse el paradero de 23 hombres que desaparecieron durante operativos militares llevados a cabo en provincias de la costa de Ecuador, en 2024.
Según la organización, que cita al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) —con sede en Guayaquil—, estas desapariciones ocurrieron en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas.
Las víctimas fueron identificadas como Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Óscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.
Las entidades donde desaparecieron han estado bajo sucesivos estados de excepción, decretados desde inicios de 2024 por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco del “conflicto armado interno” declarado en enero del año pasado para afrontar el incremento de la violencia en el país.
🚨 ACCIÓN URGENTE 🚨 🇪🇨 #Ecuador: El paradero de 23 hombres continúa sin conocerse tras operativos militares en la costa ecuatoriana realizados en 2024. 📣 @FiscaliaEcuador debe buscarlos inmediatamente e investigar los hechos como posibles desapariciones forzadas. pic.twitter.com/0POW8U33lE
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) February 12, 2025
AI recuerda que esas medidas, que forman parte de la política de seguridad de Noboa conocida como “Plan Fénix”, “han permitido en la práctica, durante más de un año, el despliegue generalizado y continuado del ejército en las calles para realizar labores de seguridad pública”.
De acuerdo con las familias de los desaparecidos, “las víctimas fueron vistas por última vez después de operativos militares llevados a cabo a lo largo de 2024 (…) En todos los casos, familias y testigos han denunciado a miembros del ejército como los presuntos perpetradores“, dice AI en una carta dirigida a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar.
En esa misiva, la organización internacional pide a la fiscal “que lleve a cabo de inmediato esfuerzos de búsqueda exhaustiva de todos los desaparecidos, y que investigue estos sucesos como casos de posible desaparición forzada”.
AI señala que, como han denunciado los familiares, el CDH “identificó un patrón de desapariciones cometidas durante operaciones militares” y señaló que “la Fiscalía no ha investigado adecuadamente estos sucesos como posibles desapariciones forzadas, clasificándolas como desapariciones involuntarias”.
Asimismo, la organización considera que “el Estado no ha realizado esfuerzos para buscar a los desaparecidos”, pese a que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha emitido acciones urgentes para varios de estos casos.
Los cuatro niños
Con los casos de estos 23 hombres, el CDH ha asumido la representación en 27 causas de desaparición, puesto que a ello se le suma la de cuatro menores extraviados en Guayaquil, a principios de diciembre, y cuyos cuerpos fueron encontrados semanas después.
Los menores, identificados como los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, desaparecieron tras ser detenidos por una patrulla militar, al igual que ocurre con los 23 hombres.
Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados en una zona de difícil acceso del recinto de Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, en la provincia de Guayas.
A finales de diciembre, un juez dictó prisión preventiva contra los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio activo, que son procesados por estos hechos. Se les imputan cargos por “presunta desaparición forzada”.
