Francisco Barbosa culmina una gestión de cuatro años que fue salpicada por escándalos como la presunta compra de votos en la campaña de Iván Duque.
El exfiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, no sale del cargo con las manos vacías. Tras de sí deja un legado de confrontación continua con el presidente Gustavo Petro, que lo señaló en varias oportunidades de estar detrás de un plan para sacarlo del poder y así evitar que la propia Fiscalía fuera investigada por presunta corrupción y nexos con el narcotráfico.
La prensa colombiana se ha dividido al analizar sus cuatro años de gestión. Los medios opositores como Semana recogen con amplitud las declaraciones donde el togado niega los vínculos del ente acusador con los grupos narcotraficantes y descarta que haya orquestado un golpe para sacar al líder del Pacto Histórico.
Barbosa, que se posesionó en la Fiscalía en 2020, aseveró, poco antes de culminar sus funciones, que ese ente “no investiga las conductas o los hechos del presidente” y que no existe la posibilidad de que el organismo “atente contra ningún órgano del poder”.
Otras publicaciones como El Espectador presentan el lado opuesto y afirman que su periodo se vio transversalizado por la defensa de los intereses del antecesor en la Casa de Nariño, Iván Duque, y por ende, de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Asimismo, se asevera que terminó el periodo en la Fiscalía “sin dejar duda alguna sobre su afán de figurar en el debate nacional y de utilizar la función pública como trampolín para aspiraciones políticas personales“.
Como despedida, la revista Cambio, más allá de evaluar de su paso por el ente acusador, presentó una investigación periodística que sostiene que Barbosa habría dispuesto, en 2022, de recursos pertenecientes a la partida de gastos reservados de la institución que dirigía para instalar un sistema de blindaje en su residencia y hacer otras reformas. Al respecto, el contralor general, Carlos Mario Zuluaga, habría evitado que la investigación sobre los gastos del ente acusador continuara.
El también consejero presidencial (2018-2020) de Duque habría justificado los gastos en la necesidad de garantizar su seguridad luego de supuestamente haber recibido amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que fue calificado de falso por esa guerrilla.
Conflicto con Petro
Para El Espectador, la gestión del abogado, compañero de la universidad de Duque, “pasará a la historia por minar la legitimidad de las instituciones, agredir de manera irresponsable al presidente de la República y promover una interinidad cuestionada”.
Y es que casi desde que Petro asumió el Ejecutivo, comenzaron los señalamientos de Barbosa que cuestionó la ley de ‘paz total’, por considerar que esa norma —que busca establecer procesos de diálogo con los grupos armados, con el fin de que cese el conflicto— legalizaba los vínculos del Gobierno con los grupos criminales y de narcotráfico.
El rechazo del fiscal saliente a la política de ‘paz total’ fue tal que propuso que se hiciera un plebiscito para consultarle al país si estaba de acuerdo con ella.
Como parte la larga disputa entre Petro y Barbosa, el mandatario cuestionó la supuesta inacción y falta de celeridad de varios funcionarios del ente acusador que, según una denuncia de un medio de comunicación, habría tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, que finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo. Esta cifra fue tildada de falsa desde el Ministerio Público.
Los otros escándalos
Pero no solo la disputa con el presidente colombiano ocupó parte de la gestión de Barbosa, quien ya tenía por lo menos tres señalamientos durante el Gobierno de Duque.
Uno de los casos quedó en el tintero —porque la Fiscalía lo archivó y concluyó que no hubo delito— fue la denuncia de la presunta compra de votos en la campaña electoral del expresidente Duque, en 2018, donde estaría involucrado el fallecido narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, quien habría actuado bajo las órdenes del exmandatario Álvaro Uribe.
Otro tema donde también se cuestionó la actuación del ente público fue en la investigación que se le sigue al exsenador Uribe. Mientras la Fiscalía ha presionado para que se cierre el expediente, desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se considera que hay razones para proseguir en las indagaciones de los siete hechos punibles que se le atribuyen al derechista líder del Centro Democrático.
En el llamado ‘estallido social’, que fueron las protestas antigubernamentales ocurridas en 2021, la actuación del Ministerio Público también fue objetada por los organismos de defensa de los derechos humanos que consideraron que se detuvieron a jóvenes manifestantes criminalizados por las autoridades.
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