El 15 de enero de 2024 se respiraba tensión en Guatemala. El presidente electo, Bernardo Arévalo, debía jurar ante el Congreso para un mandato de cuatro años tras haberse impuesto en el balotaje celebrado en agosto del año anterior. Sin embargo, lo que tendría que ser una formalidad, un acto solemne, estaba revestido de incertidumbre, pues desde la Justicia se trató de impedir su asunción por distintas vías.
El peor escenario no se concretó. Arévalo logró tomar posesión de su cargo y, un año después, presentará ante el pleno del Congreso su primer informe de gestión, que decidió intitular como ‘La Primera Cosecha’, en guiño al Movimiento Semilla, la formación política que lo llevó al poder.
“[Las] señoras y [los] señores ministros asumieron sus cargos en instituciones históricamente abandonadas, en condiciones críticas y deplorables, devastadas por la combinación entre corrupción e incompetencia. Y esto ha marcado nuestro primer año: el esfuerzo de reconstruir, de recuperar la capacidad de acción, de recuperar el sentido de servicio de la institucionalidad pública a partir de instituciones en escombros”, resumió el lunes en una comparecencia ante la prensa.
Además de la reparación del tejido institucional, fuertemente debilitado por la corrupción, Arévalo enfocó sus esfuerzos en la atención de necesidades urgentes y en la atracción de inversión extranjera.
El documento ‘La Primera Cosecha’ se organizó en ocho áreas estratégicas, a saber: educación, seguridad, salud, desarrollo, economía, red global, infraestructura y lucha contra la corrupción, y en cada caso se destacan los principales éxitos de su administración.
Así, por ejemplo, se precisa que la economía del país creció 3,7 %, superando el promedio regional (2,1 %), se obtuvieron inversiones extranjeras por un monto equivalente a 1.650 millones de dólares, se aplicaron políticas destinadas a proteger los derechos de los consumidores y se destinaron 103 millones de quetzales (13,3 millones de dólares) para financiar emprendimientos.
En cuanto a la seguridad, otra de las áreas clave de la gestión, se reportaron incautaciones récords de drogas, intervenciones en las cárceles y el desmantelamiento de 96 grupos de delincuencia organizada, mientras que en la lucha contra la corrupción, Arévalo y su equipo apostaron por la creación de 65 instancias de control interno y la aprobación de un código de ética para la función pública.
A lo anterior se suman logros importantes en educación, el inicio de obras de infraestructura y el abastecimiento casi pleno (92 %) de medicamentos e insumos en el sistema sanitario del país.
Como abreboca a lo que será su presentación ante el Legislativo, Arévalo recalcó que si bien se han producido avances, él y su equipo tienen “un enorme reto por delante” para concretar un proyecto político con el que pretende transformar “de manera efectiva y real las condiciones de vida de los guatemaltecos” y encaminar a la nación centroamericana “hacia una oportunidad digna y equitativa, con firmeza, en paz y armonía”.
La disputa que no termina
Desde que Arévalo se convirtió en un candidato competitivo, el despacho de la fiscal general, Consuelo Porras, intentó por diversas vías impedir su participación en la segunda vuelta de los comicios y, tras su triunfo, emprendió diversas acciones, como la proscripción del Movimiento Semilla, o pretender anular las elecciones. La disputa no terminó con su ascensión a la presidencia.
A pocos días de haber iniciado funciones, Arévalo demandó a la titular del Ministerio Público la presentación de un informe sobre cuatro puntos que definió como “de preocupación” para la Presidencia: derechos humanos, libertad de expresión, protocolos de actuación de la Fiscalía y compra de vacunas contra la covid-19.
De su parte, Porras se negó a asistir a distintas reuniones convocadas por el dignatario, alegando que el Ministerio Público es un “poder autónomo” que no debe subordinación a ninguna autoridad dentro del Estado.
“Algunos de esos actores como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos, y para atacar e intentar debilitar, desde su trinchera de impunidad, al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro”, cuestionó Arévalo en un discurso que pronunció a propósito de sus primeros 100 días de Gobierno.
Entonces llamó a recordar que le solicitó la renuncia a la alta funcionaria, pero ella se negó. Antes bien, dijo que permanecería en su cargo hasta 2026, cuando vence su mandato. “La renuncia está pedida. Y eso lo tiene claro ella. Lo que tenemos que entender nosotros es que no es un problema personal, es un problema institucional”, sostuvo.
Los señalamientos contra Porras no se limitan al Gobierno actual. En 2021, EE.UU. la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, mientras que entidades regionales como la OEA y diversos gobiernos latinoamericanos calificaron sus maniobras como un intento de perpetrar un “golpe de Estado”.
En noviembre de 2024, el largo brazo del Ministerio Público encabezado por Porras terminó por alcanzar al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, que fue cancelado por el Tribunal Electoral de Guatemala por acusaciones relativas al uso de datos falsos para obtener su registro y la obtención de fondos ilícitos para el financiamiento de la campaña electoral. El mandatario criticó estos señalamientos, que ya han sido refutados por la formación oficialista.
La historia de Porras aún no se cierra. En diciembre pasado fue acusada por la organización no gubernamental Human Rights Watch de impulsar “investigaciones con fines políticos” contra el Gobierno de Arévalo y el propio mandatario, “sin presentar evidencia que sustente las acusaciones”.
Un progresista cercano a EE.UU.
Arévalo constituye una excepción en el mapa político latinoamericano: su administración es abiertamente progresista, pero no está sometida a tensiones con Washington. Antes bien, en su caso podría decirse que es claramente cercana.
El 7 de mayo de 2024, el presidente guatemalteco fue recibido en Washington por el secretario de Estado de los EE.UU. Antony Blinken, para discutir sobre temas de migración.
A finales de septiembre, Arévalo reportó en sus redes sociales que concluía “una semana de trabajo” en EE.UU. “con un encuentro clave” con el presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden. “Junto al presidente Biden tenemos una visión compartida de crecimiento e inversión, creando puentes entre Guatemala y Estados Unidos para un futuro de oportunidades”, comentó.
Sin estridencias, el mandatario ha apoyado otros esfuerzos estadounidenses en la región. Destaca particularmente el envío de tropas a Haití para el combate a las pandillas, como parte de la Fuerza Multinacional desplegada en la nación caribeña, así como su intención de modernizar el Ejército. Esto último estuvo antecedido por la donación de aprestos de factura estadounidense por un valor de casi 13 millones de dólares.
Empero, el tema migratorio puede convertirse en un punto de roce entre Arévalo y la venidera administración estadounidense. El pasado 28 de diciembre, el Ministerio de Exteriores guatemalteco publicó un comunicado para aclarar que sus funcionarios no habían sostenido ninguna reunión “en la que se haya abordado el tema migratorio ni cursos de acción en la materia”, luego de que la prensa afirmara que esa era la posición oficial.
Para matizar, la Cancillería guatemalteca afirmó que su personal ha “tenido constantes acercamientos preliminares y positivos con el equipo de transición del presidente electo Donald Trump” y destacó que las autoridades de la nación centroamericana están abiertas “a una discusión al respecto, que sea consistente con los valores y principios que han caracterizado la relación diplomática con EE.UU. por más de 175 años”.
