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La Comisión Marítima Federal advierte a Madrid de “importantes medidas correctivas” si descubre que está implicado en tales acciones.
La Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. ha iniciado una investigación acerca de acciones del Gobierno de España que “parecen” prohibir atracar a ciertos buques, incluidos los de banderas estadounidenses, en sus puertos, informó este jueves el organismo.
La agencia independiente del Gobierno, encargada de supervisar y evaluar las condiciones que puedan impactar en el comercio internacional y el transporte marítimo de EE.UU., comunicó que España se ha negado a permitir entrar a ciertos buques en al menos tres ocasiones distintas este año, y en dos casos se trata de barcos del Programa de Seguridad Marítima (MSP) dirigido por el país norteamericano.
“La Comisión puede imponer importantes medidas correctivas, incluidas multas diarias sustanciales y la prohibición de que los buques extranjeros atraquen en puertos estadounidenses, si descubre que se están dando tales condiciones”, reza el mensaje oficial.
De acuerdo con la investigación, la FMC fue informada el 19 de noviembre de que España estaba denegando la entrada a sus puertos a dos buques a principios de noviembre y uno que, según medios, transportaba ayuda militar a Israel en mayo.
Desde el organismo también precisaron que si la investigación determina que España ha estado involucrada en dichas acciones, la Comisión podría imponer multas millonarias de hasta 2,3 millones de dólares por viaje.
Según recoge AP, las autoridades del país ibérico no se han pronunciado en torno a incidentes de noviembre, sin embargo, en mayo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró que la Cancillería de la nación había denegado una solicitud de atraque de un buque danés, alegando que “transportaba armas a Israel”.
En octubre, el presidente Pedro Sánchez sostuvo que “el Gobierno de España, desde el pasado 7 de octubre [de 2023], no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel“. Del mismo modo, aseveró que la postura de su administración ha sido “determinada” desde el primer momento: “No contribuir ni de una manera ni de otra a la escalada de violencia y a la guerra en Gaza, en Cisjordania y en Líbano”.
