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Ambiguo e incierto. Así se vislumbra el futuro del bitcóin en El Salvador, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley Bitcóin en la que se limita la participación del Estado en las operaciones con esa criptomoneda y se le retirara el estatus de divisa de curso legal que adquirió en 2021.
“La presente ley tiene por objeto la regulación del bitcóin como curso legal, definido por su poder liberatorio limitado, con aceptación voluntaria para todas las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente, en cualquier transacción y a cualquier título que quieran realizar”, se lee en el artículo 1 de la ley reformada.
No se precisa qué significa “curso legal” ni qué lo distingue del dólar y el colón, las dos monedas que están establecidas como oficiales en El Salvador desde 2001, aunque en la práctica es la divisa estadounidense la que domina las transacciones.
Tampoco está claro de qué manera impactó las arcas públicas el impulso dado al bitcóin por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. En su día, el mandatario prometió la construcción de una ciudad –Bitcoin City–, la emisión de bonos y una bancarización masiva, lo que muy probablemente entrañó el uso de fondos públicos para cumplir con esos objetivos.
De otra parte, los cambios legislativos se implementaron a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la nación centroamericana pueda acceder a un crédito de 1.400 millones de dólares, necesarios en un contexto de crisis de endeudamiento.
De otro costado, el Gobierno ha seguido adquiriendo bitcoins a diario para aumentar sus reservas en bitcóin, como puede constatarse al revisar el portal de la Bitcoin Office del Gobierno salvadoreño. Al 25 de febrero del año en curso, el país contaba con fondos equivalentes a unos 534,7 millones de dólares. Además le abrió las puertas a la compañía tether, tercera criptomoneda por valor de mercado, vetada en la Unión Europea por falta de transparencia
Para ahondar sobre estos temas, RT conversó con el periodista salvadoreño Diego Hernández, quien ejerce como director editorial de VOCES Diario Digital y le hace seguimiento sistemático a las políticas anunciadas por el Ejecutivo salvadoreño.
Opacidad
En criterio de Hernández, desde el ascenso de Bukele al poder, en 2019, el Estado y el Gobierno de El Salvador “han optado por la vía de la opacidad de la información pública”, lo que hace altamente improbable determinar el impacto que tuvo la adopción del bitcóin como moneda de curso legal ni el destino de los proyectos asociados a esa iniciativa.
“Usted me pregunta, por ejemplo, de las arcas del Estado, de los proyectos y qué efectos tendrá esta reforma a la Ley Bitcóin que se hizo recientemente, pues realmente mucho, es que en realidad no se sabe mucho sobre el progreso, sobre el inicio de ciertos proyectos”.
Para el comunicador, el caso de ‘Bitcoin City’ es emblemático, porque fue “publicitado” y “muy promocionado” por el presidente salvadoreño y por todas las instituciones, pero a la fecha no existe “un reporte o una información o algún documento que constate, realmente, si ese proyecto inició”.
“Bitcoin City se iba a financiar en lo que Bukele también promocionó, que se llamaban los bonos volcán, los bonos bitcóin. Y esos también se anunciaron, pero hasta el día de hoy, pues, no se han otorgado”, abunda.
Ambigüedad
Otra de las lagunas que aparecen a la vista es el alcance de la denominación “curso legal” atribuida al bitcóin. Hernández es categórico al afirmar que “nadie sabe qué significa eso”, pero se atreve a adelantar que, en cualquier caso, la Constitución y las leyes del país establecen los límites. O, dicho de otra forma, se asume que el bitcóin ya no es una moneda de aceptación obligatoria.
“En la Constitución salvadoreña dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley […]. Entonces, textualmente, si ya en la ley, dice que bitcóin ya no es una moneda de curso legal, […] ya no tiene la palabra moneda, pues entonces aquí en El Salvador, bitcóin ya no puede ser interpretada como una forma de pago a cambio de servicios o productos”, explica.
En términos prácticos, detalló, esto implica que “usted ya no puede pagar con bitcóin” en cualquier sitio, pero tampoco “está obligado u obligada a aceptar el bitcóin como forma de pago”, como sí sucede con el dólar estadounidense, aunque el periodista aclaró que son interpretaciones bajo la presunción de que no se trata de un error de redacción.
“Lo que realmente los ciudadanos, la sociedad civil, o expertas o expertos que forman parte de la sociedad civil, lo único que podemos hacer es especular […], porque, como le digo, el Gobierno ha votado por la vía de la opacidad y entonces si se le pregunta, digamos lo más seguro, es que no respondan a qué se refiere a lo de ‘curso legal’ y pues no existe, digamos, ningún tipo de reglamento”, redondeó.
Una iniciativa que no cuajó
Pese a la opacidad gubernamental, está claro que el bitcóin no recibió la acogida que las autoridades esperaban. Así lo reconoció Bukele en una entrevista concedida a Time en agosto pasado.
“Bitcóin no ha tenido la adopción generalizada que esperábamos. Muchos salvadoreños lo usan; la mayoría de los grandes comercios del país lo tienen. Puedes ir a un McDonald’s, a un supermercado o a un hotel y pagar con bitcóin. No ha tenido la adopción que esperábamos. El aspecto positivo es que es voluntario; nunca hemos obligado a nadie a adoptarlo. Lo ofrecimos como una opción y quienes eligieron usarlo se han beneficiado del auge de bitcóin”, dijo entonces.
Empero, casi desde que se anunció la adopción del bitcóin como divisa de curso legal, sonaron alarmas que daban cuenta de que podría tratarse de una apuesta destinada a estar circunscrita en sectores muy pequeños de la sociedad salvadoreña, tal como recoge un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de ese país, fechado en septiembre de 2021.
Entonces, aunque el 62,4 % estuvo de acuerdo con la decisión, uno de cada cinco salvadoreños admitía que no sabía que es el bitcóin, siete de cada 10 tenía una idea errada sobre los alcances de esa moneda digital y ocho de cada 10 tenía escasa confianza en la propuesta.
Adicionalmente, 71,2 % aseguraba que solo usaría el dólar en sus transacciones cotidianas, al tiempo que 23,1 % abogó por el uso de las dos monedas y solo el 5,8 % de los participantes en la investigación estimó que esa política beneficiaría al pueblo.
Dinero necesario
En diciembre pasado, el FMI y San Salvador firmaron un acuerdo técnico con el objetivo de “reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”.
Según cifras del Banco Central de Reserva, El Salvador cerró 2024 con una deuda pública que asciende a 32.107 millones de dólares, equivalente al 90 % de su Producto Interno Bruto. Adicionalmente, aunque la entidad previó un crecimiento en ese período próximo al 4 %, el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que será de 3 %, tendencia que se mantendría sin cambios este 2025.
“Entonces es que ya El Salvador solo puede endeudarse quizás un poquitito más y después ya, eso será un hecho de que todas las deudas que contrajo el Estado no las va a poder pagar. Y eso pues va a traer un descalabro, un desastre económico”, advierte Hernández.
En concreto, el FMI apuntó que “esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad”.
Sobre el tema del bitcóin, el organismo aludió a la mitigación de “los riesgos relacionados” con su uso. “La aceptación de bitcóin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con bitcóin será delimitada”.
Ello fue adoptado en su totalidad en la reforma legal, que en el artículo 7 precisa: “Únicamente las personas naturales o jurídicas con total participación privada, podrán aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o un servicio o para el pago de la obligación monetaria”.
En este marco, los recursos del FMI se hacen más que necesarios y el periodista consultado por RT estima que el Gobierno incluso será capaz de ponerle fin a su política de opacidad y de hacer todo cuanto se precise para conseguirlos.
La letra pequeña
Desde el punto de vista de Hernández, el acuerdo con el Fondo tiene dos vertientes centrales: de un lado que la aceptación del bitcóin por parte del sector privado sea “voluntaria” y que el Estado tenga participación limitada; de otro, “que el Gobierno tiene que ser más transparente en general“, no solo en lo que corresponde a las operaciones con criptomonedas.
“Habría que ver qué entiende el FMI con ‘delimitadas’, porque puede ser que […] el país sí pueda abrir sus puertas para que otro tipo de criptomonedas puedan entrar al país, pero que transparente su uso”, añade, antes de advertir que se trata nuevamente de especulaciones basadas en la información pública disponible y no en los acuerdos privados entre el ente financiero y San Salvador, inaccesibles para el público.
A su parecer, si bien se está enviando un mensaje “contradictorio” y acaso ambiguo, el acuerdo con el FMI tiene prioridad. “Lo que podemos ver […] es que Bukele y sus asesores ya saben de que necesitan ese dinero que el Fondo les podría dar, si ellos cumplen con las condiciones que el Fondo les está exigiendo. Porque ahí dice que todavía pues no se lo dan, sino que el desembolso de todo esto está supeditado a que ellos hagan lo que el Fondo” diga, abunda.
A esto suma que “Bukele sabe que necesita este acuerdo” porque no solo son 1.400 millones de dólares, sino que podrían ser mucho más. “En el lenguaje que utilizó el FMI, dice que este acuerdo va a servir como catalizador para apoyo adicional que podría ser valorado en 3.500 millones de dólares“, puntualiza.
“Entonces, eso es lo que se está, eso es lo que valoró Bukele, lo que valoraron sus asesores, que costaba digamos que tenía mucho más valor, que seguir manteniendo el bitcóin como moneda de curso legal, que seguir con el método de la opacidad”, concluye.
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