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El supuesto abuso habría ocurrido hace 35 años. Camacho afirmó que se trata de un montaje del Gobierno nacional y una “persecución política”.
El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue denunciado por un supuesto caso de violación ocurrido hace 35 años, un hecho que el acusado niega y considera parte de un “montaje” por haber impulsado un paro contra el Gobierno, informó el periódico Correo del Sur.
Por medio de sus redes sociales, Camacho calificó la denuncia de “falsa” y sostuvo que se trata de una persecución con el objetivo de dañar su imagen y la de su familia. Además, dijo que no se referirá al tema públicamente para no mediatizar la “calumnia” en su contra.
“Desde hace unos días venimos denunciando que, después del paro, la persecución política se ha incrementado y que se preparan violentos operativos contra los líderes de Santa Cruz, pero esta denuncia que apareció hoy ya llega a extremos que rechazo tajantemente”, afirmó el gobernador santacruceño en un video.
La denuncia la formuló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien brindó detalles del presunto abuso que habría ocurrido en 1987, hace 35 años, contra una niña de 5 años, cuando Camacho tendría entre 10 y 11 años.
Del Castillo afirmó que, como Gobierno, junto a la Policía, su papel es ofrecerle “ayuda a la supuesta víctima”, ya sea legal o jurídica: “Vamos a coadyuvar, como lo hemos realizado en todos y en cada uno de los casos en territorio nacional”, aseguró.
De su parte, el gobernador Camacho acusó a la administración nacional y al Movimiento al Socialismo (MAS) de estar detrás de esta acusación “falsa”, con la connivencia de la Justicia.
“Aun cuando sabemos que el Poder Judicial está completamente copado y al servicio del poder político, comunico a los cruceños y a la gente que me dio su confianza para desempeñarme como gobernador que haré todos los esfuerzos necesarios para que se imponga la verdad“, manifestó.
Luis Fernando Camacho fue uno de los máximos impulsores de un reciente paro en Santa Cruz, que por 36 días paralizó la región para exigir el adelantamiento del Censo de Población y Vivienda a 2023, mientras que el Ejecutivo se mantuvo firme en su postura de realizarlo en 2024.
Originalmente, el censo estaba programado para 2022, pero se postergó por la pandemia y por razones técnicas. Debido a ello, el Comité Pro Santa Cruz inició una protesta, ya que la encuesta nacional debe actualizar la representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe el departamento, en función de una cantidad de habitantes que algunos consideran superior a la que maneja la última estadística oficial.
La semana pasada, el Ejecutivo nacional promulgó una ley en la que se establece la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024.
