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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una solicitud de ambas partes para interrumpir el proceso por 60 días.
El Gobierno de Colombia y la empresa Thomas Greg & Sons acordaron suspender por 60 días la demanda por el caso que investiga supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes, informa El Tiempo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que “las partes”, en alusión al Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma multinacional británica, “de manera conjunta solicitaron la suspensión del proceso”.
La entidad precisó que el plazo correrá desde el 4 de octubre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el caso por la demanda de $117 mil millones, por los pasaportes; esto por el acuerdo al que llegaron Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso quedará congelado hasta el 23 de enero de 2025. pic.twitter.com/SjDgWaiAvO
— Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) October 3, 2024
El caso
Thomas Greg & Sons, compañía que tuvo durante 17 años la concesión para la expedición de pasaportes en Colombia, demandó al Estado por 117.000 millones de pesos –poco menos de 29,4 millones de dólares– después de que, en septiembre del 2022, la Cancillería, entonces a cargo del exministro Álvaro Leyva, declaró desierta la licitación.
Leyva anuló el proceso licitatorio y negó un recurso de reposición que pretendía dar continuidad al contrato, que ya había sido prorrogado automáticamente el año anterior.
La multinacional británica tenía contrato de exclusividad con la Cancillería colombiana, y esa decisión le costó a Leyva una sanción por parte de la Procuraduría, que derivó en su suspensión.
Tras la polémica en torno al caso, en febrero de este año la Secretaría General de la Cancillería adjudicó otro contrato para la elaboración de pasaportes a Greg & Sons por casi 600.000 millones de pesos (alrededor de 151 millones de dólares).
En ese momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que ese acuerdo fue “corrupto”, y ordenó la salida del entonces secretario general de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar.
