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Se trata de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que había sido excluida de las tareas de control durante la gestión de Alberto Fernández.
El Gobierno argentino de Javier Milei definió este martes el organismo que auditará las universidades públicas de todo el país, en medio del conflicto por el recorte en el presupuesto educativo, informó el Ministerio de Capital Humano.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dependiente de la Presidencia, funcione como órgano auditor de las universidades nacionales.
El documento sostiene que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N°24.156, y que esto es aplicable a las Universidades Nacionales sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa y financiera que les reconoce la Constitucional Nacional.
Control del Ejecutivo y orden fiscal
La decisión del Gobierno se enmarca en la puja que protagonizan los estudiantes y gremios docentes con la Casa Rosada por el presupuesto educativo para las universidades públicas. El conflicto escaló tras el veto de Milei a la ley que ordenaba una mejora en el financiamiento del sector, lo que llevó a la comunidad educativa a realizar la segunda marcha masiva contra la actual administración.
El presidente amparó su decisión en el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, advirtiendo que aumentar los fondos para la educación iba en contra de su plan de estabilización. Además, suele repetir que los gastos universitarios no tienen un control adecuado.
En Argentina, la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, establece en su artículo 59 bis que las universidades nacionales estatales deben ser controladas externamente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna.
La AGN ha realizado auditorías sobre universidades, pero su plan de trabajo depende de una Comisión Parlamentaria Mixta revisora de cuentas, que aprueba dónde serán las auditorías. Este año se están auditando seis universidades nacionales: Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.
Las auditorías internas sí se realizan periódicamente dentro de cada establecimiento y sus resultados son publicados o incluso reportados a la Sindicatura General de la Nación, que depende de Presidencia, aunque no en todos los casos.
La Sigen es otro organismo que audita la administración pública, al igual que la AGN, pero no tiene competencias sobre las universidades debido a que la ley de Educación protege su autonomía.
De hecho, en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, este organismo fue excluido de intervenir en el control de las casas de estudio a partir de un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, bajo el argumento de que se violaba la condición de autarquía.
