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Desde el Ministerio de Seguridad, notificaron a los sindicatos y organizaciones que convocaron a una marcha en Buenos Aires contra el ‘megadecreto’.
El Gobierno argentino de Javier Milei intimó este jueves a organizaciones políticas y sindicales a pagar los gastos del operativo policial implementado durante una protesta contra el ‘megadecreto’ del presidente.
El pasado 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más importante del país, convocó a una marcha a los Tribunales de Buenos Aires para reclamar la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece una serie de desregulaciones en materia laboral.
La masiva manifestación desafió el protocolo ‘antipiquetes’ lanzado en diciembre por la ministra Patricia Bullrich, que busca evitar los cortes de calles y transfiere los costos de la seguridad a quienes interrumpan el tránsito en la vía pública.
El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a @sipreba como a otras organizaciones.La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión pic.twitter.com/38C01JryBB
— Agu Lecchi (@AguLecchi) January 11, 2024
Mediante una carta documento, el Ministerio que dirige Bullrich exigió el pago “solidario” de 40.419.227,56 pesos (unos 50.000 dólares) al sindicato de Camioneros, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el gremio del Neumático (Sutna), la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Unión Obrera Metalúrgica (Uom), entre otros.
“El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada antidemocrática“, denunció el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi Posse, desde su cuenta de la red social X, junto a una imagen de la notificación recibida.
Y añadió: “La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión”.
Habrá consecuencias
El Gobierno de Milei también intimó a agrupaciones políticas de izquierda que participaron de la marcha, como el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y la Asociación Civil Polo Obrero.
El protocolo activó a las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para evitar cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales en las calles. La propuesta de la ministra Bullrich es que las manifestaciones se hagan “en la vereda”, una exigencia de difícil cumplimiento cuando se trata de convocatorias masivas.
“Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias“, advirtió Bullrich durante el lanzamiento del polémico protocolo.
Sin embargo, tras la movilización, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró que la CGT “haya pedido autorización” para realizar la marcha.
Para el próximo 24 de enero, la central obrera llamó a una huelga general con movilización en todo el país contra las medidas del Gobierno nacional.
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