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El mandatario Yoon Suk-yeol es considerado sospechoso de traición, rebelión y abuso de poder por la imposición de la breve ley marcial del pasado 3 de diciembre.
El Parlamento de Corea del Sur aprobó este martes un proyecto de ley que exige que un fiscal especial permanente investigue los cargos de insurrección contra el presidente, Yoon Suk-yeol, y otros oficiales involucrados en la breve imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informa Yonhap.
La iniciativa, llamada ‘Solicitud de investigación del fiscal especial para descubrir la verdad sobre la rebelión mediante la declaración de la ley marcial inconstitucional’, fue aprobada en la Asamblea Nacional con 210 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.
Altos cargos en la mira
En la lista de los funcionarios sujetos a investigación están el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, que fue recientemente detenido, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An-su.
Además, se contempla la investigación del primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, el comandante de contrainteligencia Yeo In-hyung, y el exlíder parlamentario del gobernante Partido del Poder del Pueblo Choo Kyung-ho.
A diferencia de una investigación de un fiscal especial regular, el presidente no puede ejercer el derecho a veto contra un proyecto de ley sobre un fiscal especial permanente, aunque sí puede retrasar su nombramiento, recoge la agencia.
En tanto, el Ministerio de Justicia surcoreano impuso la prohibición de viajar para el presidente, considerado sospechoso de traición, rebelión y abuso de poder. Además, la Policía no descarta la detención del mandatario. Las autoridades han puesto en marcha un equipo especial de unos 150 investigadores para encargarse del caso.
- El presidente de Corea del Sur decretó el martes pasado, durante un discurso de emergencia, la ley marcial. Su decisión se produjo después de que el partido opositor aprobara por vía rápida un proyecto de ley presupuestaria a la baja, en la respectiva comisión parlamentaria, y presentara mociones de destitución contra un auditor estatal y el fiscal jefe.
- A pesar de que fue levantada en breve, la medida fue duramente criticada por las fuerzas de oposición, que la tacharon de “inconstitucional”.
