Publicado:
“Debido a las fuerzas internas y externas que atentan contra su soberanía y a las actividades de grupos antiestatales, Corea del Sur está ahora en peligro”, afirmó Yoon Suk-yeol.
El presidente de Corea del Sur destituido, Yoon Suk-yeol, apartado del poder por su decisión de imponer la ley marcial el 3 de diciembre, declaró que va a “luchar hasta el final” ante su posible detención, informó Yonhap este jueves.
“Estoy viendo en YouTube en directo todo el duro trabajo que están haciendo”, señaló en una carta a sus partidarios obtenida por Reuters. El mandatario apartado de su cargo se refirió a las protestas que estallaron cerca de la residencia presidencial, donde la Policía dispersó a unos 30 manifestantes a la fuerza luego de que rompieran una barrera policial para acercarse al edificio.
S.Korean citizens supporting Yoon Suk-yeol are blocking vehicles suspected to belong to the Corruption Investigation Office’s arrest team. South Korean citizens are blocking all routes leading to the presidential residence to prevent the arrest of President Yoon. pic.twitter.com/1YavB6lrIY
— kf21_military (@fa50_defense) January 2, 2025
“Debido a las fuerzas internas y externas que atentan contra su soberanía y a las actividades de grupos antiestatales, Corea del Sur está ahora en peligro“, indicó Yoon en el mensaje. “Con ustedes, lucharé hasta el final para proteger este país”, agregó.
Este martes, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la orden de detención contra Yoon y de registro de sus oficinas en el marco de la investigación por cargos de insurrección y abuso de poder. La medida se toma a solicitud de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) después de que el político ignorara tres citaciones para comparecer ante la Justicia y ser interrogado en relación con los cargos.
Sin embargo, según su abogado, si agentes intentaran ejecutar la orden en nombre de la OIC, el servicio de seguridad presidencial podría arrestarlos bajo los cargos de abuso de poder y obstrucción de los deberes oficiales.
- Yoon sigue apartado del cargo desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votara el 14 de diciembre para destituirlo debido a la breve imposición de la ley marcial, revocada a las seis horas por la presión del Parlamento. Desde el día 14, la Corte Constitucional tiene 180 días para decidir si aprueba la destitución definitiva o reinstaura al político en sus funciones.
