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La medida, según sus defensores, pretende aumentar la trazabilidad y el control del armamento que ya circula en el país.
La Asamblea Nacional de El Salvador emitió un “dictamen favorable” para una iniciativa que busca “fortalecer las disposiciones transitorias” que permitan la legalización de armas de fuego en condición de irregularidad.
La Comisión de Seguridad y Justicia dio luz verde al decreto, que dará al menos tres meses para que las personas que poseen armas (no consideradas de guerra) puedan matricularlas y legalizar su tenencia. Aunque ya el dictamen había sido aprobado el mes pasado, los parlamentarios hicieron modificaciones para agregar nuevas excepciones y elevar el texto al pleno.
Según la prensa local, entre los cambios al decreto está la exclusión de las personas jurídicas para entrar en este proceso de legalización, con el propósito de impedir que la norma sea mal utilizada por empresas dedicadas al comercio de armas. El riesgo es que estas firmas compren armamento que esté sin documentación en regla, y luego “las legalicen y las vendan”, afirmó el diputado Caleb Navarro, del partido oficialista Nuevas Ideas.
Además, se agregó el requisito de una declaración jurada “en acta notarial con vigencia de 48 horas” y se facultó al Ministerio de la Defensa para comprobar “que las armas no sean objeto de un hecho delictivo”, así como de destruirlas, en caso de que se confirme que fue usada en un hecho punible.
¿Por qué surge la ley?
A mediados de este año, se explicó que la propuesta pretendía reforzar el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, decretado por el presidente Nayib Bukele, para reducir los niveles de criminalidad.
Pese a las críticas de organismos internacionales al régimen de excepción y las estrategias de orden público de Bukele, debido a las denuncias de vulneración de derechos fundamentales, el Gobierno salvadoreño se jacta de la reducción histórica de los homicidios y otros indicadores que, para el mandatario, posicionan al país centroamericano como uno de los “más seguros” del hemisferio.
Por eso, la bancada del oficialismo, que es mayoría en el Parlamento, defiende la iniciativa y considera que debe avalar el “soporte jurídico” para lograr el control de armas y su debido registro. Según el propio Navarro, la normativa no es un aliciente para la compra de armamento, sino que prevé regular las que ya están en circulación sin documentación en regla.
En los considerandos de la norma, los promotores también aluden el hecho de que muchas personas en El Salvador compraron armas de manera irregular para “defenderse” ante el aumento de la criminalidad, por lo que insisten en la necesidad de que haya trazabilidad. En esa línea, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha insistido en varias ocasiones que se trata de “disposiciones transitorias” y que es una ley “para gente honrada”.
No obstante, la oposición ha lanzado alertas sobre esta disposición, ya que considera que su aprobación va incluso en dirección contraria a lo dispuesto por el plan de control territorial presentado por Bukele. “Se puede prestar para abusos y también porque no se nos compartió la información del dictamen ni nada, pese a que lo pedimos”, aseguró la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA. Pero las críticas también son dentro del oficialismo.
El asesor Ricardo Sosa, afín al mandatario y asesor de seguridad, cuestionó el mes pasado el avance de la iniciativa: “¿En qué abona a El Salvador que la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea pretenda emitir decreto transitorio para legalizar armas irregulares? (…) No se necesitan más armas de fuego en poder de la población. Es una clara contradicción a la estrategia del Plan Control Territorial y un mal ejemplo de legislaturas anteriores”, escribió en su cuenta de X.
Según lo estipulado, el texto será enviado a la Junta Directiva, para que posteriormente se eleve a consideración del pleno. De ser aprobado, se publicará en el boletín oficial y, a partir de ese momento, el dictamen dará un plazo de 90 días a los interesados para legalizar las armas –que no serán más de dos–, siempre que cumplan los requisitos exigidos por el Ministerio de la Defensa y que demuestren que su armamento no ha sido utilizado para actos delictivos.
