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El intento previo de arresto se vio entorpecido por la resistencia de militares y del servicio de seguridad presidencial, que impidieron a los investigadores acceder a la residencia de Yoon Suk-yeol en Seúl.
Ante miles de manifestantes y en medio de un fuerte despliegue policial, ha dado comienzo en la capital surcoreana la ejecución de la orden de detención contra el destituido presidente Yoon Suk-yeol, apartado del poder por su decisión de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informa la agencia de noticias Yonhap.
Personal de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC) y agentes de la Policía están intentando entrar por la fuerza en la residencia presidencial en Seúl, mientras militares leales al expresidente y miembros de su servicio de seguridad les oponen resistencia por segunda vez para impedir que se ejecute la orden de detención.
Una persona se desmayó durante el enfrentamiento registrado frente a la residencia y está siendo trasladado para que reciba ayuda médica, informa la agencia.
Se reporta que la Policía ha empezado a dispersar por la fuerza a los simpatizantes del presidente apartado frente a su residencia oficial.
Simultáneamente, la Policía “ejecutó órdenes conjuntas de arresto contra el subjefe de seguridad Kim Seong-hoon y el jefe del cuartel general de seguridad Lee Kwang-woo”, reportó a continuación Yonhap.
A finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.
El 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC).
La solicitud fue presentada tras el fallido intento de arresto el 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia del expresidente para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.
Además, el 2 de enero miles de personas se congregaron frente a la residencia de Yoon para impedir su arresto. Ese mismo día, Yoon proclamó su intención de “luchar hasta el final” ante la inminente detención.
El 5 del mismo mes, la agencia Yonhap supo por el jefe del equipo encargado de investigar el presunto golpe de Estado, Choo Mi-ae, que el director del Servicio de Seguridad Presidencial surcoreano, Park Chong-jun, habría ordenado disparar granadas aturdidoras y balas reales en ciertas condiciones, si no lograba resistir en una pelea física. Choo denunció también que algunos ejecutivos de ese servicio no solo guardan lealtad al presidente suspendido, sino que “siguen ciegamente a Yoon Suk-yeol y a [el exministro de Defensa] Kim Yong-hyun”.
El día 14, la 55.ª Brigada de Seguridad del Comando de Defensa de la Capital del Ejército, que está a cargo de proteger el perímetro exterior de la residencia presidencial, advirtió que no obstaculizaría el acceso a la misma de los miembros de la OIC y la Oficina Nacional de Investigaciones para ejecutar una orden de arresto contra Yoon. La decisión de los uniformados de abrir las puertas de la residencia oficial hizo mucho más fácil el segundo intento de ejecución, designado para este 15 de enero.
- Anteriormente, el político ignoró varias citaciones para comparecer ante la Justicia y ser interrogado en relación con los cargos.
- Yoon todavía goza de inmunidad contra investigaciones, aunque eso no afecta a los cargos de insurrección o de traición. A su vez, la defensa del mandatario destituido argumenta que la OIC no tiene autoridad legal para investigar los cargos de insurrección.
- El político sigue apartado del cargo desde que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, votara el 14 de diciembre para destituirlo debido a la breve imposición de la ley marcial, revocada a las seis horas por la presión del Parlamento.
- Desde el 14 de diciembre, la Corte Constitucional tiene 180 días para decidir si aprueba la destitución definitiva o reinstaura al político en sus funciones.
