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El mandatario aseveró que bajo los mecanismos actuales de resolución de conflictos, Colombia siempre pierde los procesos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó la necesidad de renegociar los artículos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) del país suramericano con EE.UU. y la Unión Europea relativos a los mecanismos de arbitraje internacional en controversias debido a que los considera “lesivos para la soberanía”.
En un encuentro con los jubilados de la antigua estatal telefónica Telecom, el mandatario dijo que “nunca debió haber ocurrido” en la firma del TLC con Europa el permitir que “en cualquier conflicto entre el Estado [colombiano] y la empresa privada europea”, la controversia se dirimiera a través de tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial y con sede en Washington. “Perdemos todos los procesos“, lamentó.
Petro cuestionó que la nación suramericana no tuviera la soberanía “de exigir que, si hay conflictos”, estos se resuelvan “bajo la justicia colombiana o latinoamericana de litigios”.
Renegociación para 2025
El mandatario instruyó al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a “que empiece a renegociar ese artículo lesivo para la soberanía nacional tanto en el TLC con EE.UU. como con el de Europa”.
Recordó que en 2025, Colombia asumirá la presidencia ‘pro tempore’ de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por lo que espera que en el encuentro con la UE ya se haya renegociado el artículo.
La petición presidencial ocurre en reacción al fallo de la CIADI que ordenó al Estado colombiano pagar 357 millones de euros a la compañía española Telefónica, como parte de la querella por la venta de Telecom, hace 20 años.
El presidente responsabilizó al exmandatario Álvaro Uribe de haber expropiado la estatal de telefonía para dejarla “en manos de Movistar Telefónica”. Por su parte, el también exsenador justificó su decisión diciendo que cuando llego a la Casa de Nariño, la empresa tenía una década en “cuidados intensivos“, por lo que para evitar el riesgo de no poder pagar a los jubilados, se le adjudicó a un tercero.
