El Gobierno del expresidente español Mariano Rajoy (2012-2016) investigó durante al menos cinco años a partidos y líderes independentistas catalanes al margen de la ley, una operación que incluyó campañas mediáticas con la filtración de informes apócrifos y la utilización de todo el aparato del Estado.
Una investigación conjunta, realizada entre eldiario.es y La Vanguardia, detalló que Rajoy utilizó personal, sobre todo policial, medios materiales y recursos económicos públicos para arremeter contra los líderes independentistas catalanes.
En la cúpula de estas operaciones estaría Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy y quien durante aquellos años fungía como ministro del Interior. Según las fuentes aportadas, de estas operaciones estarían al corriente tanto el propio presidente del Gobierno, como la secretaria general del Partido Popular (PP) y entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que habría participado activamente en las conspiraciones.
Según los datos revelados, Rajoy se sirvió de diferentes cuerpos policiales, que elaboraron dosieres con información de todo tipo, sesgada, confidencial –suministrada por otros Ministerios– o directamente falsa, que terminaba en las portadas de medios nacionales.
Tras la publicación en medios, parte de esas informaciones periodísticas servían como base para presentar denuncias ante los tribunales, lo que volvía a alimentar el círculo mediático en contra de adversarios políticos del PP, intensificado en vísperas de procesos electorales.
¿Cuándo comenzó?
Esta ‘guerra sucia’ inició pocos meses después de que Rajoy se convirtiera en presidente del Gobierno y antes de la multitudinaria Diada, la fiesta nacional catalana, celebrada el 11 de septiembre de 2012, que en esa ocasión se interpretó como una demostración del músculo de los partidos independentistas.
Los documentos elaborados por diferentes unidades policiales llegaron a la mesa del ministro del Interior en forma de notas informativas, muchas de las cuales habrían acabado en el despacho de Rajoy, según los dos medios que firman la investigación periodística.
Esa información llegaba al presidente del Gobierno en un sobre blanco cerrado, sin asunto ni remitente ni destinatario, y era entregada por medio de escoltas.
La investigación periodística asegura que esas notas informativas comenzaron a circular en 2012 con los avances de investigaciones prospectivas, algo prohibido por la legislación española, sin ningún tipo de control judicial y sin rastro oficial en las diferentes unidades policiales.
Tanto Fernández Díaz como Cospedal admitieron en conversaciones privadas, sin saber que estaban siendo grabados, la recepción de esas informaciones y el hecho de que Rajoy estaba enterado de esas prácticas. Sin embargo, el expresidente español nunca ha sido llamado a declarar en ninguna de las causas judiciales que se han abierto.
Tan solo Fernández Díaz y quien fuera su jefe de Gabinete y a partir de 2013 secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han estado encausados judicialmente en el caso de la destrucción de pruebas sobre la corrupción del PP. Para cada uno de ellos, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.
Lucha total contra el independentismo
Entre las informaciones que han trascendido a lo largo de los años, se sabe que el entonces jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, hizo gestiones para elaborar informes contra la familia de Jordi Pujol, presidente de Cataluña durante 23 años hasta 2003.
Las estrategias usadas fueron varias y se pagaron con decenas de miles de euros de fondos reservados. También se publicaron noticias falsas sobre cuentas en paraísos fiscales, fraudes a Hacienda o mordidas millonarias, atribuidas por unidades policiales a dirigentes como Artur Mas (presidente de Cataluña entre 2010 y 2016), el exalcalde de Barcelona Xavier Trias (2011-2015) y otros políticos nacionalistas catalanes.
Tras la Diada de 2012, estas operaciones se intensificaron y combatir al independentismo pasó a ser una prioridad para Fernández Díaz. En este contexto, tomó relevancia el comisario José Manuel Villarejo, figura clave de las llamadas ‘cloacas del Estado‘ durante décadas y condenado el pasado julio a 19 años de cárcel, en una de las múltiples causas judiciales que enfrenta.
El comisario comenzó a tejer relación con la cúpula del Ministerio del Interior a comienzos de 2012, introducido por Juan Cotino, exdirector de la Policía en la época del expresidente José María Aznar y que todavía era un dirigente de peso en el PP.
El jefe de Gabinete de Fernández Díaz, Francisco Martínez, comenzó a hacer de enlace de Villarejo para recopilar información y así nacieron las notas informativas, en las que el comisario mezclaba rumores, recortes de sumarios de juzgados y diversas informaciones.
Villarejo también tenía acceso a la cúpula popular a través del empresario Ignacio López del Hierro, viejo conocido suyo y marido de Cospedal.
La primera nota que recopilan eldiario.es y La Vanguardia la hizo llegar Villarejo al despacho de Fernández Díaz, mediante la secretaria del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, otro miembro de la brigada política que está imputado en diversas causas judiciales.
Estaba fechada el 18 de octubre de 2012, se dirigía contra Artur Mas y pretendía dinamitar la campaña electoral, solo tres semanas después de que el político convocase elecciones anticipadas en Cataluña. Sus conclusiones se colaron en las portadas de los periódicos nacionales, si bien fueron desmentidas con posterioridad.
Según dejó escrito el propio Villarejo, solo unos días antes, el 10 de octubre, Eugenio Pino le había encargado investigar asuntos turbios de Convergència, el partido de Mas, para filtrarlos a la prensa.
El contenido de esa primera nota llegaría a la prensa el 16 de noviembre, prácticamente una semana antes de las elecciones. Se sustentaba en un hipotético informe de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF), cuyo responsable meses después testificó en un juzgado de Barcelona que esa información no había sido elaborada por su equipo.
En aquellas fechas, el comisario Villarejo apuntó en sus diarios que Pino le había pedido buscar cuentas en el extranjero de líderes políticos catalanes para filtrar a la prensa.
Además, Villarejo se habría reunido por aquel entonces con la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, quien le habría suministrado una lista de personas a las que investigar. Entre esos nombres se encontraba el de Sandro Rosell, presidente del F.C. Barcelona.
Rosell denunció en un juzgado de Madrid a los cargos policiales que le endosaron en un informe bienes ocultos, cuentas y sumarios en el extranjero que no existían. Desde entonces ha pasado por cinco causas judiciales y ha llegado a estar dos años en prisión preventiva, antes de ser absuelto. Su delito, según denuncia, era haberse posicionado junto al independentismo.
Además de confidentes y antiguas relaciones, que cobraron jugosos salarios de los fondos reservados, las notas informativas de ese cuerpo parapolicial tenían otras fuentes, puesto que contaban con datos que solo podían haber salido del Ministerio de Hacienda: por ejemplo, las personas que se habían acogido a la amnistía fiscal decretada por Rajoy.
Presuntamente, las notas siguieron llegando al despacho del ministro del Interior, incluso cuando ya había constancia de que varias de ellas eran falsas. En su elaboración, además del equipo de Villarejo, habrían participado unidades policiales como la UDEF, la Comisaría General de Información, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y la Brigada Provincial de Información de Barcelona.
