La consulta representa un desafío para el presidente Gabriel Boric.
El nuevo proceso constitucional de Chile iniciará formalmente el próximo lunes con la instalación de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, órganos que asesorarán la redacción de la Carta Magna que se plebiscitará en diciembre.
De esta forma arranca el calendario rumbo a una consulta que se realizará por segundo año consecutivo, aunque en condiciones totalmente diferentes a las de 2022, y en la que la ciudadanía decidirá si avala o rechaza una nueva Constitución que sustituya a la Carta Magna vigente, y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
En septiembre pasado la mayoría dijo que no. En lo que representó un descalabro para el presidente Gabriel Boric en sus primeros meses de Gobierno, el 62% de los chilenos votó ‘No’ a la propuesta constitucional que durante un año elaboró una Convención que estaba integrada en su mayoría por personalidades de izquierda o progresistas, y que no pertenecían a los partidos tradicionales.
El fracaso del ‘Sí’ obligó al Gobierno a negociar el reinicio del proceso con la oposición, que se resistió y generó la idea de que la sociedad no quería una nueva Constitución, sino que todo siguiera igual.
Boric aclaró entonces que los chilenos solo habían rechazado una propuesta, pero que seguían vigentes los resultados del plebiscito de octubre de 2020, en el que un contundente 78 % se pronunció a favor de sustituir la Carta Magna pinochetista.
Finalmente, a principios de diciembre, el Gobierno anunció un acuerdo que estableció nuevas normas para el proceso, y que implicarán un trabajo que inicia el lunes y culminará el 17 de diciembre.
Y que será uno de los principales desafíos para Boric, ya que un nuevo rechazo ensombrecería su proyecto político.
Diferencias
Los cambios entre ambos proceso son sustanciales. El primer borrador de la Constitución que se plebiscitó en septiembre fue elaborado por 154 convencionales que fueron elegidos por el voto popular, y que formaron una Convención Constituyente que trabajó durante un año.
Ahora, lo que habrá será un Consejo Constitucional integrado por 50 personas, que serán electas en mayo y tendrán solo cinco meses para entregar una propuesta constitucional. Pero, a diferencia de la Convención anterior, no trabajarán solos ni redactarán una propuesta constitucional desde cero.
Una de las principales críticas que tuvo el primer proceso fue que la inexperiencia de los convencionales los llevó a redactar artículos que eran incompatibles, contradictorios o que no debían formar parte de una Constitución sino de leyes secundarias
Para evitar eso, en esta segunda oportunidad los consejeros serán auxiliados por 24 integrantes de una Comisión Experta y 14 juristas que formarán el Comité Técnico de Admisibilidad.
A finales de enero, el Senado y la Cámara de Diputados eligieron a los 24 “expertos” (en su mayoría militantes partidarios, algunos de ellos incluso exministros) que, a partir del lunes, tendrán la tarea de redactar un anteproyecto de Constitución que le entregarán al Consejo Constitucional cuando empiece a sesionar en junio.
Será el borrador base, lo que ya ha generado protestas anticipadas por parte de activistas, que denuncian que los Consejeros tendrán escaso o nulo margen para trabajar.
Agenda
Ese mismo día también se instalará el Comité Técnico de Admisibilidad, el órgano de 14 juristas que resolverá las consultas que le realicen los “expertos”, con el fin de que las propuestas de redacción no sean anticonstitucionales o violatorias de alguna ley.
Mientras la Comisión Experta comienza a redactar el nuevo borrador, se llevarán a cabo las campañas electorales de los candidatos al Consejo Constitucional, mismo que será paritario porque deberá contar con 25 mujeres y 25 varones.
Las y los ganadores de estas elecciones, que se realizarán el 7 de mayo, asumirán sus cargos el 7 de junio y terminarán sus sesiones el 7 de noviembre, día en el que deberán presentar la propuesta de Carta Magna que será plebiscitada.
En ese momento arrancarán las seis semanas de campaña con miras a una consulta en la que la ciudadanía no tendrá que elegir ‘Apruebo’ o ‘Rechazo’, como la vez anterior, sino ‘A favor’ o ‘En contra’, ya que la pregunta será: “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”.
