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Organizaciones advirtieron que se impondrían “sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales”.
Chile avanza en el endurecimiento de sus políticas migratorias. Ahora mismo, en el Congreso se debate una reforma a la Ley de Migraciones y Extranjería vigente, que de hacerse efectiva, ampliará significativamente las razones para expulsar de su territorio a personas extranjeras e impondrá obstáculos para la obtención de la nacionalidad.
Los argumentos son variados, pero pueden resumirse en dos bloques: los que atañen a la comisión de delitos dentro y fuera de ese país suramericano y los que alcanzan incluso a las personas que residen legalmente allí, pues sus permisos podrán ser revocados por motivos como el comercio ambulante o los “ruidos molestos”.
El delito como soporte
La propuesta, que ya recibió la aprobación unánime en la Cámara de Diputados y espera por la sanción del Senado, incorpora como causales de expulsión la implicación en “violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato, uso y porte ilegal de armas”, con independencia de la situación migratoria de la persona.
El sustento es que estas acciones permitirán “resguardar la seguridad pública e impedir que personas extranjeras con antecedentes penales residan en el país”, según se desprende de la reseña que hizo sobre el tema el Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SNM).
En la cámara baja precisaron que la norma bajo discusión contempla que no podrán ingresar a su territorio quienes hayan sido condenados en otro país en los últimos diez años por acciones que la legislación local “califique de crimen” o sentenciados “en los últimos cinco años” por asuntos que “la ley chilena califique de simple delito”.
Al invocar el resguardo de la seguridad pública y la condena por delitos como razones para expulsar a extranjeros, las autoridades chilenas relacionan crimen con migrantes; asociación que ha sido largamente cuestionada por especialistas debido a que no existen evidencias sólidas que la respalden, mas sí una situación de sobrerrepresentación de los delitos cometidos por personas procedentes de terceros países.
Expulsados por “ruidos molestos”
Las sanciones también incluyen a personas residenciadas legalmente. Si la ley entrara en vigor, el SNM “podrá revocar permisos migratorios a aquellas personas extranjeras que tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante“, en el entendido de que estas medidas promueven “la convivencia armónica en los barrios y espacios públicos”.
Para entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes como Organización Migrantas, Colectivo Sin Fronteras y Coordinadora 8M, “establecer causales desproporcionadas para rechazar o revocar permisos de residencia basadas en ‘incivilidades’ que son faltas menores o incumplimientos administrativos, trivializa los procesos migratorios y afecta de manera desmedida a las personas”, según se lee en una declaración conjunta publicada a propósito de la sanción unánime de la norma entre los diputados.
Del mismo modo, estos organismos alertaron que “la disposición que permite la expulsión de migrantes con causas pendientes por simples delitos, sin esperar la conclusión del proceso judicial, viola principios básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”, lo cual podría traducirse, entre otras cosas, en la expulsión de niños, niños y adolescentes y en la vulneración de sus derechos.
Trabas y discriminación
Con respecto a los requisitos para obtener la nacionalidad chilena, el cambio establece que el solicitante debe haber residido legalmente en Chile durante al menos una década y tendrá que presentar y aprobar un examen de conocimientos.
Adicionalmente, se le negará la solicitud o se le revocará la nacionalidad a quienes estuvieren o hubieren estado involucrados en la comisión de delitos graves, y tampoco será posible obtenerla en el caso de vínculos familiares, excepción hecha de los deportistas.
De otra parte, aunque la iniciativa incluye la creación de protocolos de protección a las infancias y adolescencias en las zonas fronterizas e instruye a los tribunales familia y al Registro Civil para que adelanten los trámites de identificación y residencia, existen riesgos reales de que una vez hecha ley, se autoricen prácticas basadas en la discriminación y el menoscabo de derechos.
Así, por ejemplo, en la reseña que hizo la Cámara de Diputados del proyecto, se indica que la educación “no podrá denegarse a causa de su condición migratoria”, pero se apunta que “se aprobó una indicación que establece que sí se podrá priorizar para asegurar el derecho de los nacionales”.
¿Un avance?
Pese a las críticas, en opinión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el proyecto es “un avance importante para una migración ordenada, segura y regular”, razón por la cual elevó votos para que sea aprobado en la cámara alta y se convierta en ley.
“Con esta nueva norma se amplían las causales de prohibición de ingreso al país y se incorporan datos biométricos en el registro de extranjeros en situación irregular, se protege a los niños, niñas y adolescentes y se establecen sanciones para el negocio de transporte de migrantes irregulares”, alegó.
Del otro lado de la acera, los organismos detractores señalaron que “estas medidas representan un grave retroceso que no solo profundiza la exclusión y precariza la vida de las personas migrantes, sino que también debilita el Estado de derecho, al imponer sanciones desproporcionadas, basadas en prejuicios y procedimientos sin garantías procesales”.
