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“Se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito”, sostuvo la funcionaria.
La fiscal de la Nación peruana, Delia Espinoza, advirtió este martes contra la pretensión del Congreso de aprobar una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, un cambio legal que, en su decir, beneficiaría a la delincuencia y favorecería la impunidad en los procesos judiciales contra la delincuencia organizada.
A través de un video difundido en X por el Ministerio Público, Espinoza sostuvo que el referido proyecto, al que rechaza “de manera firme”, deja “gravemente amenazadas” todas las acciones que se ejecutan actualmente en “la lucha contra la corrupción y la delincuencia”.
“En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la Ley de Extinción de Dominio”, dijo, y detalló que con los pretendidos cambios se excluiría la incautación de los bienes ilícitos vinculados a delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado e ilícitos medioambientales.
🚨 #Urgente | Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, alerta que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está en riesgo. Quieren modificar la Ley de Extinción de Dominio, limitando la recuperación de bienes ilícitos, favoreciendo la impunidad. pic.twitter.com/Ygu5uI1uTy
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 18, 2025
Con esta acción, dijo la alta funcionaria, el parlamento pretende “eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373”, que otorga autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio, cuestión que le ha permitido a Perú “recuperar más de 560 millones de soles en bienes y dinero”, lo que equivale a casi 152 millones de dólares.
De aprobarse la reforma, explicó, la ley solo permitirá incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que ayudaría a los criminales a recurrir a testaferros para así “transferir y desaparecer” los bienes ilícitos que poseen.
De igual forma, el cambio legal limitaría las investigaciones de los casos a cinco años, tras lo cual prescribirían. Esto, afirmó, “dejaría a los delincuentes con sus ganancias”, a pesar de que un bien ilícito nunca puede legalizarse.
“Un riesgo mayor”
Espinoza agregó que en torno al proyecto hay todavía “un riesgo mayor” y es la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional por la Defensoría del Pueblo. Esa instancia considera que el polémico Decreto 1373 “faculta al juez a afectar los bienes y recursos sin que exista una sentencia judicial que declare el origen ilícito de los mismos”, acción que “rebasa los estándares constitucionales” y vulnera “el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica”.
Al respecto, la fiscal dijo que su despacho espera “con optimismo” que la acción “sea declarada infundada, porque de lo contrario favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5.500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”.
De otra parte, alegó que cuando se aplica la cuestionada ley no se está ejecutando una confiscación ni una expropiación de bienes, sino que se trata de “una restauración del orden jurídico”, porque la posesión no legaliza “los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos”.
“Lo que se busca con esta ley es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, pero no se pretende afectar a comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios, personas honestas, que con su trabajo cotidiano, de manera lícita, legal, aportan al desarrollo económico y social del país”, expresó la fiscal, y remarcó que su institución no retrocederá “en la lucha contra la corrupción”.
En ese orden, dijo confiar en que el Tribunal Constitucional emita una decisión “acorde a lo que espera la población, la justicia y el derecho”, para así evitar “que delincuentes corruptos, que incluso son prófugos de la justicia, se beneficien conservando los bienes y el dinero proveniente de sus delitos y diversos actos de corrupción”.
“¿Queremos acaso un país con una economía ilegal, producto del delito? No deseamos eso. Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga. Por eso pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente sobre este pretendido cambio. La justicia no debe dar un paso atrás”, remachó Espinoza.
