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La Procuraduría General de la República remitió al Supremo Tribunal Federal cinco acusaciones contra 34 integrantes de una “organización criminal” que atentó contra el Estado democrático.
La Procuraduría General de Brasil (PGR) acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas por los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
A través de un comunicado, la Fiscalía anunció que su titular, Paulo Gonet Branco, elevó al Supremo Tribunal Federal una denuncia contra 34 personas acusadas de incentivar y ejecutar actos “contra los tres poderes y contra el estado democrático de derecho”.
Entre los acusados, son mencionados como “líderes” el entonces mandatario Bolsonaro y su vicepresidente, Walter Braga Netto, además de otros integrantes de lo que la justicia considera “una organización criminal”.
Las imputaciones contra los 34 involucrados abarcan cinco delitos:
- Liderazgo de una organización criminal armada.
- Intento de abolir violentamente el estado democrático de derecho.
- Golpe de Estado.
- Daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del sindicato.
- Deterioro del patrimonio catalogado.
“Las acusaciones se basan en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas”, sostiene la PGR.
Según las investigaciones, el plan comenzó en 2021, con ataques sistemáticos al sistema de votación electrónica, a través de comunicados públicos y en internet. En julio del año siguiente, señala la Fiscalía, Bolsonaro se reunió con embajadores y representantes diplomáticos acreditados en el país para exponer “las conocidas y negadas acusaciones de fraude en las máquinas de votación electrónica, en un intento de preparar a la comunidad internacional para el irrespeto a la voluntad del pueblo en las elecciones presidenciales”.
“Las investigaciones revelaron la operación para ejecutar el golpe de Estado, en la que incluso se admitió la muerte del presidente electo y del vicepresidente de la república, así como la de un ministro del Supremo Tribunal Federal. El plan fue aprobado por el entonces presidente”, señala la PGR.
