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Este martes, un juez dictó prisión preventiva contra los 16 militares procesados por este caso.
Tras 23 días de angustia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador confirmó este martes que los cuerpos encontrados la semana pasada en una zona de difícil acceso del recinto de Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, corresponden a los cuatro menores que se hallaban desaparecidos desde el pasado 8 de diciembre en el país suramericano.
“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre”, informó la entidad a través de su cuenta en X.
Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Todos son del empobrecido sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, también en Guayas; por lo que la causa fue bautizada por la FGE como “caso Malvinas”.
La semana pasada, cuando se hallaron los cuerpos, dos funcionarios de la Fiscalía, que hablaron en condición de anonimato, dijeron que los cadáveres estaban calcinados y presentaban signos de violencia.
Tras confirmarse la identidad de los cuerpos, desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador manifestaron “profunda tristeza y consternación” y se comprometieron con la “búsqueda de justicia, la verdad y la reparación”.
La desaparición y el proceso
Los menores, de acuerdo con la versión de los parientes, salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares, todos habrían salido corriendo, pero estos cuatro fueron alcanzados y subidos a esos carros.
Entretanto, la teoría de las autoridades ha variado desde la desaparición. En declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, la atribuyó a “grupos delincuenciales”; aunque, luego confirmó que los menores fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, algo que quedó evidenciado en un video.
Los uniformados justificaron esa medida, al señalar que actuaron ante un supuesto robo a una mujer; sin embargo, en una audiencia previa de ‘habeas corpus’, realizada el martes de la semana pasada, el fiscal Christian Fárez, quien lleva el caso, indicó que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.
Eso se suma a otras irregularidades que se le atribuyen a los uniformados en su accionar, como que no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo; no se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento; y el proceso de su liberación, ya que los uniformados dijeron que los dejaron libres en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, pero no se precisó el lugar y, además, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa.
Este martes, un juez dictó prisión preventiva contra los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio activo que son procesados por estos hechos. Se les imputan cargos por “presunta desaparición forzada“.
