Publicado:
Las autoridades detallaron que Rocío San Miguel está “presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio” a Maduro.
La Justicia venezolana confirmó la detención de la abogada opositora Rocío del Carmen San Miguel, por su presunta vinculación con la trama conspirativa investigada por las autoridades de ese país, cuyo fin último era el asesinato del presidente, Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, detalló en su cuenta de X que se había emitido una orden de aprehensión en su contra “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco'”.
#Ahora el Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada…
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 11, 2024
En enero pasado, las autoridades venezolanas informaron sobre cinco casos de conspiraciones que se habrían planificado desde mayo de 2023, y que dejaron como saldo 36 personas detenidas por su presunta vinculación con los hechos.
Uno de estos planes conspirativos tenía por nombre ‘Brazalete Blanco’ y consistía en la contratación “de asesinos seriales” para matar a Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, con el objetivo de generar conmoción. A partir de su muerte se tomarían los puestos militares de varios estados hasta llegar a Caracas, a 841 kilómetros, y cometer magnicidio contra el jefe de Estado.
Por esa trama conspirativa fue detenido el exmilitar Ángelo Julio Heredia Gervacio, además de otras 11 personas. Del mismo modo, se emitieron órdenes de captura contra otros 17 sospechosos vinculados con este caso.
El titular del Ministerio Público afirmó que las investigaciones “continúan su curso”, mientras se recaban “elementos de convicción de las personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”, con apego a las leyes venezolanas y “las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos”.
