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Las autoridades de la Comunidad Valenciana enfrentan siete denuncias por su papel en la catástrofe que se saldó con 223 muertos en la región.
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abogando por abrir una investigación sobre las responsabilidades penales de la gestión de la DANA que el pasado 29 de octubre dejó 223 muertos, tres desaparecidos y miles de afectados en la provincia española de Valencia.
El Ministerio Público recoge las siete denuncias y querellas interpuestas contra los responsables regionales y aboga por que la causa que las engloba sea remitida a los juzgados ordinarios o al TSJCV en el caso de que se hallen indicios de delito por parte del presidente de esta comunidad, Carlos Mazón, debido a su condición de aforado, según el escrito al que ha tenido acceso Televisión Española.
Los denunciantes atribuyen a los acusados los delitos de prevaricación, lesiones, homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, todos ellos por la no adopción de algunas decisiones que podrían haber paliado la catástrofe.
Además, la Fiscalía aboga por acumular las siete denuncias y querellas en una misma causa. De ellas, una fue interpuesta por la organización Iustitia Europa; otra por el sindicato Conferencia General del Trabajo (CGT), por un delito contra los derechos de los trabajadores; otras dos por dos abogados; dos por particulares; y una última, anónima. Todas ellas están dirigidas contra Mazón y una señala también a su exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
Tras conocer el escrito de la Fiscalía, el presidente valenciano afirmó que la filtración del documento corresponde a “ruido” y destacó que coincide con “una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar“, en referencia a los casos judiciales que salpican al partido en el Gobierno.
En el foco de la polémica se encuentra la actuación de Carlos Mazón el día de la tragedia, cuando estuvo desaparecido alrededor de cinco horas, gran parte de ese tiempo en una prolongada comida con una periodista, y la adopción tardía de medidas, como el envío de una alarma a los móviles de los ciudadanos de las zonas afectadas, que llegó cuando ya se habían producido la mayoría de los daños.
