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Una familia de Nuevo León denuncia que funcionarios de entidades estatales habrían manipulado y eliminado registros catastrales de sus tierras, que posteriormente se vendieron a Elon Musk.
Una ciudadana de Monterrey denunció que sus familiares fueron despojados de sus terrenos de forma irregular y que posteriormente se vendieron a la empresa estadounidense Tesla, del magnate Elon Musk, para instalar Gigafactory en Nuevo León.
María de los Ángeles García, viuda de Bryant, de 71 años, relató a Milenio que la disputa se remonta a 2019, cuatro años antes de que Tesla cerrara la compra de los predios para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos en la zona. El proyecto está en pausa en la actualidad.
La familia de María de los Ángelesinició un juicio contencioso administrativo, denunciando que, durante la administración del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, funcionarios de entidades estatales habrían manipulado y eliminado registros catastrales de un rancho conocido como El Carvajal, ubicado en la carretera Saltillo-Monterrey, en el municipio de Santa Catarina
Este hecho, según la demandante, afectó directamente los derechos de propiedad de su familia.
“Eliminación irregular de registros”
El proceso judicial, iniciado en octubre de 2019 por Pedro Manuel García Jiménez, el hermano de la denunciante, señala a exdirectores del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, del Registro Público de la Propiedad y de la Tesorería General, entre otros, como responsables de la eliminación irregular de registros.
La familia se percató de que el expediente catastral correspondiente a los terrenos había desaparecido el 28 de septiembre de 2015, cuando inició el proceso sucesorio de los bienes de sus abuelos y se les notificó que los archivos no podían ser localizados.
Sin embargo, en marzo de 2023, Tesla adquirió 1.194 hectáreas del rancho a unos bisnietos del exgobernador Lázaro Garza Ayala, quienes se presentaron como legítimos herederos.
La operación, que involucró una inversión cercana a los 100 millones de dólares reavivó las disputas por la titularidad del terreno.
María de los Ángeles, que reside en McAllen, Texas, destacó la existencia de documentos que presuntamente acreditan el pago del impuesto predial durante ocho décadas por parte de su familia.
Asimismo, sostuvo que la desaparición del expediente catastral es clave para entender el supesto despojo de más de 2.500 hectáreas en el que, según ella, intervinieron funcionarios y parientes del exgobernador.
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