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Varios miembros de la familia del derrocado exmandatario socialista ejercen funciones en el Estado chileno, lo que les impide celebrar transacciones con entidades públicas.
El pasado 31 de diciembre, el Gobierno de Chile anunció que compraría las viviendas donde residieron los expresidentes Salvador Allende Gossens (1970-1973) y Patricio Aylwin (1990-1994), en interés de convertirlas en museos destinados a preservar la memoria del país, reseña Chilevisión.
Si bien no hubo problemas para que el Estado chileno comprara la casa de Aylwin, no sucedió lo mismo cuando se analizaron las implicaciones legales de la adquisición de la vivienda de Allende, pues varios de los miembros de su familia ejercen funciones en el Estado.
El escándalo estalló este jueves, cuando se conoció que el Ejecutivo supuestamente pagaría cerca de 1.000 millones de pesos (unos 980.000 dólares) a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, pues ella sería la dueña actual de la casa. Esto contraviene la legislación local, en la que se estipula que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”, según cita BíoBío.
Adicionalmente, la ley también prohíbe a los ministros “actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Más problemas
Inicialmente se afirmó que en un momento no especificado, Fernández Allende y su hermano Alejandro adquirieron la propiedad de manos de su tía, la senadora Isabel Allende Bussi (hija del exmandatario). A contrapelo de esta versión, desde la cartera de Defensa le aseguraron a BíoBío que imperaba rectificar la declaración de patrimonio de su titular, puesto que ella no es la única propietaria del inmueble.
Por su parte, en el decreto de Bienes Nacionales referido por el citado medio, se precisa que Fernández Allende comparte propiedad con Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende e Isabel Allende Bussi.
Sin embargo, aún demostrándose que la ministra de Defensa no ostenta la titularidad plena del inmueble, el problema se trasladaría a la senadora Isabel Allende Bussi, pues la Carta Magna vigente establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza”.
La respuesta del Gobierno
De su lado, la portavoz del Gobierno, Aisén Etcheverry, salió al frente de los señalamientos aclarando que la adquisición de las dos viviendas supone un proceso de largo aliento aún no concluido, para el cual se están haciendo las evaluaciones legales que corresponden.
“Estamos en ese proceso y entendiendo que se trata de dos familias donde existen personas que han ocupado y que ocupan cargos públicos. Tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el Ministerio de Cultura están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos de que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegada a la ley y, por supuesto, con la mayor transparencia posible”, sostuvo en declaraciones ofrecidas este jueves a Radio Dune.
Mientras, el partido opositor Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que interpondrá recursos legales para impedir la compra de la casa Allende, pues sus miembros advierten que esta transacción entraña violaciones a la ley.
“Como bancada de diputados vamos a hacer valer la ley en este caso, y vamos a evaluar si recurrimos a Contraloría o al Tribunal Constitucional para hacer valer las inhabilidades establecidas en la Constitución para los ministros de Estado, que no pueden celebrar contratos con el Estado”, anunció el jefe de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, Gustavo Benavente.
