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“Cualquier acción es bienvenida”, manifestó el ministro del Interior.
La Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, situada en el departamento de Lima, en Perú, anunció que en unos meses reforzarán su seguridad con 60 guardaespaldas armados para combatir la inseguridad ciudadana que azota a la nación andina.
El alcalde de Magdalena, Francis Allison, informó el domingo pasado que este nuevo personal acompañará al Serenazgo, servicio de vigilancia desarmado, para patrullar las calles del distrito limeño.
“El Serenazgo de Magdalena todas las semanas persigue maleantes en cada remoto y siempre esos maleantes están armados. Y no es justo que el sereno siga exponiendo su vida en esa labor”, afirmó Allison en diálogo con el local Canal N.
El funcionario explicó que esta medida también responde al “ausentismo” policial, por lo cual decidió apostar por seguridad privada, adiestrada por el Estado, que estará operativa en 120 días en promedio.
“No son del Serenazgo, porque el Serenazgo no puede usar armas (…) son licenciados de las Fuerzas Armadas y han sido entrenados por el Estado peruano para usar armas”, añadió.
Salutaciones
El lunes el ministro del Interior, Víctor Torres, fue consultado por esta acción durante una conferencia de prensa con otras autoridades a las afueras del Palacio de Gobierno, en Lima.
“El tema de la seguridad ciudadana no es exclusividad de la Policía Nacional, sino de los alcaldes, de los gobiernos regionales, de los ciudadanos en general. Cualquier acción que pueda emprender el alcalde de Magdalena es bienvenida, estamos trabajando de forma conjunta“, comentó.
Mientras que el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, lo consideró una “buena idea” que no descarta aplicar en la capital, pero esperará a que su equipo de consultores le responda sobre la “parte legal”.
“Yo he pedido opinión legal, si el marco jurídico nos permite hacer lo mismo (…). Si funciona en Magdalena, en buena hora. Yo creo que lo bueno hay que imitarlo, pero que no nos pongan trabas después”, añadió.
La prensa local también le preguntó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, quien optó por no pronunciarse al respecto.
“Prefiero no opinar, el alcalde es libre de ejercer su voluntad”, declaró Angulo este martes. “Me voy a reservar porque puedo colisionar con la petición del señor alcalde, la Policía Nacional es una autoridad netamente operativa”, sostuvo.
Críticas
El mismo domingo se dieron algunos señalamientos. Uno de ellos del exsecretario de Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, quien indicó que Allison “cruza temerariamente la línea entre lo público y lo privado”.
“Ahora el Estado contratará guardaespaldas armados, así admite su incapacidad y renuncia a una de sus funciones principales: brindar seguridad a la ciudadanía”, afirmó Távara en X.
Por su parte, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo, José Baella, aseguró este martes que las iniciativas en seguridad ciudadana “son buenas siempre”, pero no lo consideró viable económicamente.
Baella precisó que un “policía privado” cobra 7.000 soles (alrededor de 2.000 dólares) mensuales.
“El convenio con la Policía le sale mucho más barato porque son voluntarios que se inscriben en su franco”, respondió a la emisora RPP.
“La vida vale mucho más”
“Estamos en una situación de inseguridad, de un caos y yo creo que esto no puede suceder”, agregó en referencia a las ausencias policiales denunciada por el funcionario distrital.
En medio de las críticas, Allison contestó a Latina que esta medida es solo para “ayudar a la Policía y especialmente al sereno” e indicó que costará 180.000 soles (50.000 dólares aproximadamente) mensuales.
“Es costoso, pero la vida humana vale mucho más que cualquier monto de dinero”, enfatizó.
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