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El presidente del Legislativo salvadoreño, Ernesto Sánchez, defendió que quienes deseen incursionar en la política, lo hagan con recursos propios.
Con 58 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó este miércoles una reforma constitucional con la que se eliminará el financiamiento público de los partidos políticos, reportan medios locales.
En concreto, se derogaron el artículo 210 de la Carta Magna, que garantizaba que los partidos y coaliciones políticos puedan recibir dinero público, así como el artículo 52 de la ley de partidos políticos, que establecía como criterio para el desembolso la proporción de votos recibidos en comicios presidenciales, diputaciones a la Asamblea Legislativa, curules al Parlamento Centroamericano y concejalías municipales.
La propuesta, que fue presentada por el partido de gobierno, contemplaba que toda persona que pretenda acceder a un cargo de elección popular por medio de un proceso democrático, debe estar motivado por una “íntima convicción” de servir al pueblo salvadoreño.
Antes de la decisión, desde el Legislativo argumentaron que “la sugerencia de la anulación se debe a que los parlamentarios consideran que este capital debería destinarse para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación”.
“Lo que vamos a hacer es que el pueblo salvadoreño ya no esté manteniendo a ningún partido político. Si alguien quiere entrar al escenario político, pues que lo haga de la manera en la que siempre debió ser [con recursos propios]“, alegó el presidente de la Asamblea Nacional, Ernesto Castro.
Los montos
De acuerdo con los cálculos más recientes, basados en la inflación acumulada estimada por el Banco Central de Reserva de la nación centroamericana, cada voto válido para presidente y vicepresidente de la República le costó al Estado unos 6,05 dólares, mientras que cada uno de los emitidos por diputados nacionales equivalió a 3,28 dólares.
No está claro si la reforma terminará por favorecer a los candidatos con mayor poder adquisitivo, si se establecerán topes de campaña o si se obligará a las organizaciones con fines políticos y a los aspirantes a transparentar el origen de sus fondos para actividades electorales.
