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Con estudios universitarios en física y un doctorado en ingeniería energética a cuestas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha puesto como objetivo acelerar la transición energética. La meta es lograr, para el final de su sexenio, que un 45 % de la energía que se genera provenga de fuentes renovables.
En entrevista, Ángel Balderas Puga, catedrático especializado en temas de energía, considera que, más que una ruptura con el gobierno anterior, Sheinbaum pretende echar mano de los cimientos colocados por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para hacer realidad la transición.
El fortalecimiento de empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contraviene el objetivo de fomentar las “energías limpias” o desarrollar minerales estratégicos como el litio. Son metas que integran una misma ecuación, asegura el académico.
Potencializar Pemex y la CFE
Durante sus primeros años del gobierno, López Obrador se puso por delante sacar a flote a Pemex y la CFE. Detener el robo de combustible, la construcción y compra de refinerías (Dos Bocas y Deer Park), así como la modernización de las ya existentes, fueron acciones orientadas a rescatar a la industria.
En cuanto al fortalecimiento de la CFE, en 2022, el exmandatario propuso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la prevalencia del Estado y poner un alto al otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica, bajo la modalidad de autoabastecimiento. Sin embargo, el dictamen fue rechazado.
En ese momento, el oficialismo no contaba con las dos terceras partes de los votos en el Congreso. Tras el descalabro legislativo, López Obrador sentenció que quien lo relevara por parte del oficialismo en la Presidencia habría de impulsar la reforma.
Sheinbaum cumplió con el encargo a través de una reforma a la Constitución en donde se define a Pemex y la CFE como “empresas públicas de carácter estratégico” y, además, se retoman varios de los puntos de la iniciativa formulada por López Obrador hace dos años.
Si bien la reforma contempla la participación de privados en el sector energético, incluyendo la generación de energías renovables, se puntualiza que esta nunca debe comprometer las responsabilidades del Estado ni la soberanía nacional.
No se busca relegar a los empresarios. Lo que propone el gobierno mexicano es establecer una alianza con privados que, bajo la dirección del Estado, coadyuve a acelerar la transición energética. En este sentido, el papel tanto de Pemex como de la CFE será clave.
No se busca relegar a los empresarios. Lo que propone el gobierno mexicano es establecer una alianza con privados que, bajo la dirección del Estado, coadyuve a acelerar la transición energética. En este sentido, el papel tanto de Pemex como de la CFE será clave.
Por el lado de la producción, Pemex se abocará a satisfacer la demanda interna. La meta es lograr un nivel de producción de 1,8 millones de barriles diarios. Por otro lado, la petrolera apoyará de lleno la transición energética, fungiendo como aliado en proyectos relacionados con energías limpias.
Víctor Rodríguez Padilla, su director general, en varios de sus análisis publicados antes de convertirse en funcionario público, si bien ha destacado algunos logros del gobierno anterior, también llegó a afirmar que el fomento de las energías renovables fue insuficiente.
“No es apartando al sector privado con el revés de la mano, ni polarizando al país como se logrará integrar a todos los mexicanos en el gran esfuerzo nacional que se requiere para evitar el colapso climático y ecológico”, apuntó en un artículo publicado en enero del año pasado.
Para Balderas Puga, las acciones del gobierno anterior son las que permitieron crear las condiciones para que la mandataria tenga hoy un mayor margen de maniobra.
“Gracias a que las capacidades de Pemex y la CFE se fortalecieron, se puso un alto al robo de gasolinas y se dejaron de importar petrolíferos en escala masiva, el gobierno actual cuenta con las condiciones para acelerar la transición energética”, sentencia.
Sonora, la “punta de lanza”
Balderas Puga recuerda que, en 2018, cuando López Obrador tomó posesión como presidente constitucional, apenas un 5 % del total de la energía eléctrica provenía de parques eólicos o fotovoltaicos.
“La realidad es que, si a la oposición le hubiera interesado promover las “energías limpias”, no habría heredado semejante matriz energética al gobierno de López Obrador”, asevera.
A pesar de las críticas de quienes aseguran que el exmandatario se opuso al uso de fuentes de energía renovables, los cimientos para llevar a cabo la transición energética fueron colocados durante su gobierno, insiste Balderas Puga.
El catedrático explica que, a partir de que el gobierno encabezado por Sheinbaum entró en funciones, ya se contaba con varios proyectos estratégicos que jugarán un rol decisivo en este proceso y que fueron impulsados en el sexenio de su predecesor.
Por ejemplo, el “Plan Sonora”. Esa iniciativa no solo incluye el megaparque solar de Puerto Peñasco (con más de tres millones de paneles fotovoltaicos), uno de los más grandes del mundo; sino también el aprovechamiento del litio, mediante la cadena de electromovilidad; la licuefacción del gas natural y la modernización del puerto de Guaymas.
A pesar de las críticas de quienes aseguran que López Obrador se opuso al uso de fuentes de energía renovables, los cimientos para llevar a cabo la transición energética fueron colocados durante su gobierno, insiste Balderas Puga.
Otros proyectos, no menos importantes, y que ya están en su última fase de desarrollo, de acuerdo con Balderas Puga, son dos plantas coquizadoras, localizadas en Tula (Hidalgo) y Salina Cruz (Oaxaca).
La función de estas plantas, que serán inauguradas en 2025, es aprovechar mejor el petróleo, a través de la obtención de un porcentaje mayor de combustible, con lo cual se podrán disminuir los impactos sobre el medio ambiente.
Los estados de la región norte del país tampoco han quedado ajenos a este tipo de iniciativas y, de hecho, hasta el momento todo parece indicar que Sonora se perfila como la “punta de lanza” de la transición energética.
El gobernador oficialista, Alfonso Durazo, ha mantenido varios encuentros con el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, con la mira puesta en estrechar los vínculos binacionales a partir de proyectos energéticos.
En septiembre de este año, el diplomático norteamericano aseguró que esta entidad federativa está llamada a convertirse en la “principal proveedora de la cadena de suministro de las grandes industrias en EE.UU., México y Canadá”.
Hay que recordar que fue Sonora el estado de la República que causó revuelo mediático cuando, en 2019, se dio a conocer que en el municipio de Bacadéhuachi se encontraba uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo.
El hallazgo derivó finalmente en una reforma a leyes secundarias, a propuesta del gobierno federal, y la creación de un organismo descentralizado, Litio para México (LitioMX), con el objetivo de fomentar el desarrollo de este mineral.
El desarrollo del litio, un asunto pendiente
El litio es un elemento clave para la transición energética. En México, la ley define que su explotación y desarrollo estarán comandadas por el Estado, aunque no se rechaza la participación de la iniciativa privada en algunas etapas de la cadena de valor.
Durante el gobierno de López Obrador se impulsó una reforma constitucional en la que quedaba establecido que el litio sería propiedad de la Nación y que se cancelaba cualquier posibilidad de otorgar concesiones de yacimientos, si bien se puntualizó que se respetarían las vigentes siempre y cuando estuvieran en operación.
Esta reforma a la Constitución, sin embargo, fue rechazada por la oposición. Con todo, horas después, el oficialismo pudo aprobar una iniciativa para modificar leyes secundarias. La iniciativa fue aprobada por mayoría simple.
El gobierno de Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa el tema del litio en la reforma energética que entró en vigor el pasado 1 de noviembre y que modifica varios artículos de la Constitución para otorgar a la Nación el dominio sobre este mineral.
En una de sus primeras conferencias de prensa, Sheinbaum anunció que su gobierno trabajaría en generar tecnología propia para llevar a cabo la extracción del litio.
Explicó que tanto el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) como el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ya estaban trabajando en ello para que en territorio nacional se cuente con toda la cadena de producción.
La mandataria recordó que, a diferencia de los yacimientos localizados en algunos países de Suramérica, en México la mayor parte de este mineral se encuentra en forma de arcilla, característica que dificulta su extracción.
En contraste con el IMP y el Conahcyt, es incierto el papel que en todo este proceso desempeñará LitioMX, un organismo descentralizado y creado en 2022, actualmente encabezado por Pablo Taddei y que, hasta la fecha, no ha anunciado la materialización de importantes avances en torno al desarrollo de este mineral.
Adicionalmente, el gobierno mexicano continúa sin entrar en detalles sobre cuáles serán los alcances de su participación a lo largo de la cadena de valor del litio y cuáles los de los inversionistas privados.
Por una parte, en el sexenio anterior se anunció que el gobierno estaría involucrado en el proceso de extracción y serían los empresarios los que participarían en su transformación, no obstante, ahora se sostiene que el sector público incluso estará a cargo de la producción de un automóvil eléctrico.
Y es que, como parte de su programa de desarrollo tecnológico para la innovación, Sheinbaum anunció que su administración impulsará la creación de un auto 100 % eléctrico, diseñado por jóvenes mexicanos, ensamblado en territorio nacional y a un precio accesible: el ‘Olinia’, que significa “moverse” en náhuatl.
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