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El Gobierno argentino debió dar marcha atrás a una determinación que definía criterios para evaluar pensiones por invalidez.
El Gobierno argentino de Javier Milei decidió dar marcha atrás este jueves a una polémica resolución que definía criterios para evaluar el otorgamiento de pensiones por discapacidad, en la que utilizaba términos como “débil mental”.
La medida 187/2025 fue publicada el pasado 16 de enero en el Boletín Oficial, pero el Anexo I, en el que se incluían esos términos ofensivos para referirse a la salud mental, trascendió en las últimas horas y causó indignación entre las familias y las organizaciones vinculadas a la discapaciddad.
A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio de Salud cambió la denominación legal de quienes pueden pedir una pensión por invalidez. Allí se definían grados de invalidez bajo términos que dejaron de usarse hace 50 años, como “idiota”, “imbécil” o “débil mental”.
El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación.Es una barbaridad. pic.twitter.com/2XzM9Iq18X
— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025
El tema causó un revuelo inmediato en las redes. El abogado y doctor en Estudios de Desarrollo, Julián Bollain, señaló que lo que el Gobierno de Milei había publicado en el Boletín Oficial viola acuerdos internacionales contra la discriminación. “Es una barbaridad”, dijo desde su cuenta de X.
Un “error”
Tras la polémica, la Andis anunció a través de un comunicado que se trató de un “error”, y que tanto la resolución como su anexo serán modificados.
De acuerdo al organismo, en la normativa se utilizaron “términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para definir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.
Según afirmó la Andis, el texto publicado en la resolución “no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.
La medida especificaba distintos rangos de coeficiente intelectual (CI), a partir de los cuales se establecerían criterios para el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal”, dice la normativa que el gobierno se comprometió a dar de baja.
