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La Justicia mexicana los condenó por los delitos de “delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años”.
Un juez federal de México dictó sentencias de hasta 82 años de cárcel para tres integrantes del cártel de Los Zetas, por su participación en la llamada “masacre de San Fernando” o “masacre de Tamaulipas”, en la que 72 migrantes fueron secuestrados, torturados y asesinados en 2010.
Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), los tres fueron condenados por los delitos de “delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años”.
#FGR en Tamaulipas, obtuvo sentencia de hasta 82 años de prisión contra Juvenal “B”, Martín “E” y Román “P”, por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años. 1/2 pic.twitter.com/dihR4i9lsg
— FGR México (@FGRMexico) January 6, 2025
En concreto, el juez dictó 73 años y tres meses de prisión, además de una multa de 948.090 pesos (poco más de 46.600 dólares), a Martín Omar Estrada de la Mora o Martín Omar de la Mora, alias ‘El Kilo’, uno de los jefes regionales de la organización criminal, según recoge Milenio.
Otro de los condenados es Juvenal Burciaga, alias ‘El Alacrán’, sobre quien recayeron 76 años y nueve meses de prisión, así como 676.591 pesos (unos 33.300 dólares) de multa.
Y la condena más grande fue para Ramón Palomo, alias ‘El Coyote’, a quien le dictaron 82 años y nueve meses de prisión, además de una multa de 1.042.899 pesos (alrededor de 51.329 dólares).
Los hechos
“De acuerdo con la indagatoria, dicha pena se deriva de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, donde personas de diversas nacionalidades fueron ejecutadas por miembros de una organización delictiva y quienes posteriormente fueron localizadas dentro de una bodega en dicho municipio”, dice la FGR.
En la masacre fueron torturados y asesinados 58 hombres y 14 mujeres, reseña La Jornada. Entre las víctimas se identificaron personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India.
“Los hechos fueron atribuidos por el gobierno al crimen organizado. Sin embargo, permanecen muchas incógnitas respecto a las circunstancias de los hechos, del hallazgo, de los sobrevivientes y del eventual involucramiento de agentes estatales”, dice al respecto la Fundación para la Justicia.
