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El proyecto, anunciado por el presidente Daniel Noboa, ha suscitado la oposición generalizada de los ciudadanos, que denuncian la falta de consulta previa y la amenaza que supone para el equilibrio ecológico de la Amazonía.
La noche de este jueves, miles de habitantes e integrantes de pueblos y nacionalidades amazónicas en Ecuador han tomado la sede de la Gobernación de la provincia de Napo, radicalizando así sus protestas en rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Archidona, una iniciativa anunciada por el presidente del país, Daniel Noboa.
En este momento, la Gobernación está custodiada por el pueblo en resistencia, en cumplimiento a la resolución de la Asamblea Popular Permanente de Napo de radicalizar las movilizaciones, que hoy ya tiene un carácter regional. pic.twitter.com/DPfazKNmzh
— CONFENIAE (@confeniae1) December 13, 2024
El proyecto, valuado en 52 millones de dólares, ha suscitado la oposición generalizada de los ciudadanos, que denuncian la falta de consulta previa y la amenaza que supone para el equilibrio ecológico de la Amazonía, las zonas educativas y el turismo, que representa el 90 % de su economía.
Las protestas contra la construcción de una cárcel en zonas protegidas del Napo se agudizaron esta noche. La población lleva semanas protestando en las calles y hoy se tomaron la Gobernación, la cual estaba custodiada por un contingente policial enviado por el gobierno. pic.twitter.com/8YqieXshXw
— Daniel Salcan (@Danielsalcan_) December 13, 2024
La protesta, que comenzó en Archidona hace 10 días, se ha extendido a otros puntos de la provincia amazónica con bloqueos en las rutas principales y ya ha conseguido que se convierta en una movilización de carácter regional. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la toma de la Gobernación de Napo responde al incumplimiento del Gobierno y su negativa de atender la demanda del pueblo.
Según la prensa local, en una asamblea realizada la tarde de este jueves, 12 de diciembre, se resolvió declarar ‘persona non grata’ al presidente Daniel Noboa y al gobernador de Napo, Gary Ribadeneira, así como radicalizar las protestas en áreas estratégicas del Estado.
