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El presidente del Gobierno anunció un impuesto del 100 % del valor del inmueble para compradores de países no comunitarios no residentes.
Una de las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es motivo de inquietud en los turistas del Reino Unido que tenían la intención de adquirir una vivienda en el país mediterráneo.
Se trata de la propuesta de creación de un nuevo impuesto que grave a los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea (UE) y no residentes en el país con hasta el 100 % del valor de la propiedad que adquieran.
La medida fue anunciada por Sánchez el lunes de esta semana, durante su intervención en un foro económico en el que desgranó un paquete para hacer frente a la emergencia habitacional que sufre el país con precios disparados y una oferta limitada de viviendas para residencia habitual.
Una medida “sin precedentes” para enfrentar la emergencia
La medida, que todavía tendrá que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, afecta de lleno a los ciudadanos británicos, toda vez que se completó el Brexit, la salida de Reino Unido de la UE, hace ahora cinco años.
Sánchez anuncia que el Gobierno va a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes: “Lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra, hasta el 100% del valor del inmueble”https://t.co/C9rbIwMzOcpic.twitter.com/IQeQD4Eq1f
— Cadena SER (@La_SER) January 13, 2025
Sánchez afirmó que se trata de una medida “sin precedentes”, pero necesaria en la tesitura en la que se enfrenta el país. “Occidente se enfrenta a un desafío decisivo: no convertirse en una sociedad dividida en dos clases: los terratenientes ricos y los arrendatarios pobres“, afirmó haciendo referencia al encarecimiento de los precios de la vivienda que está experimentando todo el continente europeo.
En 2023 los ciudadanos no residentes no comunitarios compraron en España 27.000 viviendas “no para vivir en ellas”, según informó Sánchez, sino “para ganar dinero con ellas”.
La medida se configura como una herramienta para liberar inmuebles en el mercado nacional a la vez que presionar los precios a la baja, puesto que los extranjeros no comunitarios no residentes suelen realizar desembolsos mayores en estas compras.
No afectará a los jubilados que vivan en España
En España se considera no residentes, en términos generales, a quienes pasan menos de 183 días en el país, por lo que la medida afecta a especuladores y, en el caso del Reino Unido a quienes quisieran comprar una vivienda con fines vacacionales.
Sin embargo, no afectaría al colectivo de jubilados que quieren retirarse en esa etapa de su vida en España, principalmente a varias provincias de la costa mediterránea.
A 1 de enero de 2024 residían en España 272.402 ciudadanos del Reino Unido, de los que algo más de la mitad, 136.784, tenían más de 60 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.
Según el Ministerio de Vivienda, en 2023, alrededor de 55.000 extranjeros no residentes compraron una vivienda en el país, si bien la institución incluye en el dato también los provenientes de países de la UE.
Hasta ahora la compra de vivienda usada está grabada con un 10 % de IVA en el caso de la obra nueva, o con entre el 6 y el 11 % por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de la vivienda de segunda mano. Si la propuesta sale adelante, los británicos que no residan en España sufrirán un alza del 90 %.
12 medidas y adiós a la ‘visa dorada’
El nuevo impuesto es una de la docena de medidas que desgranó Sánchez enfocadas a aliviar el mercado de la vivienda y a hacerlo accesible a grandes capas de la población.
Entre ellas destacan las ventajas fiscales a propietarios que alquilen a precios de acuerdo a un índice de referencia, la transferencia de más de 3.000 viviendas a un organismo de vivienda pública estatal recién creado o nueva regulación para los pisos turísticos, que los igualará a nivel impositivo a otros negocios.
A la espera de que estas medidas se concreten y entren en vigor, en abril llega ya la anunciada abolición del programa de ‘visa dorada’, que daba la residencia en el país a quienes compraban una propiedad valorada en 500.000 euros o más.
