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Se sospecha que Sara Netanyahu trató de alterar el curso de la investigación en un caso de corrupción contra su marido.
La Fiscalía de Israel comunicó este domingo que su Departamento de Delitos Cibernéticos y la Policía están investigando desde diciembre a Sara Netanyahu, esposa del primer ministro del país, por el intento de intimidar a una testigo e interferir en una causa penal de corrupción contra su marido. La información fue confirmada por el organismo a la diputada de la Knéset (Parlamento) Naama Lazimi que, a su vez, la compartió con The Times of Israel.
La presunta víctima de la intimidación se llama Hadas Klein y es una testigo clave en el ‘caso 1000’, donde se acusa a Benjamín Netanyahu de haber recibido ilícitamente puros, champán y joyas por valor de cientos de miles de dólares. Gran parte de esos artículos fueron suministrados, supuestamente, a pedido de su mujer.
Además, Sara Netanyahu le habría ordenado a una ahora difunta asistente de su marido que organizara protestas y una campaña en línea contra Klein. La investigación fue inspirada por un programa del Canal 12 que puso al descubierto el acoso, así como también que la esposa del político había influido, con sus intereses, en el nombramiento del teniente general Danny Levy como comisario de la Policía.
Más tarde, en enero, Hadas Klein comentó en una entrevista con el mencionado canal que intuía que la persecución que estaba sufriendo por parte de múltiples usuarios en las redes venía dirigida “desde arriba”. La testigo hizo también más revelaciones sobre el comportamiento agresivo de Sara Netanyahu hacia ella.
La diputada Lazimi sostuvo en un comunicado que recibir el aviso oficial de la Fiscalía sobre la apertura de una investigación penal contra la cónyuge del primer ministro “es importante para la supervisión parlamentaria, el sistema de justicia y el Estado de derecho”. A continuación, calificó a Sara Netanyahu de “delincuente convicta”, que, según datos de la pesquisa, “actuó para perjudicar a los funcionarios de la Fiscalía y desacreditar a un testigo”.
En junio de 2019, la esposa del primer ministro israelí fue condenada a pagar una multa de 15.000 dólares por corrupción en el marco del llamado ‘caso de la comida preparada’. Se la acusaba de utilizar fondos estatales tanto para el cocinero contratado en su residencia como para pedidos de comida a domicilio.
