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Sandra Ortiz está acusada de sobornar al expresidente del Senado colombiano, como parte de un plan para lograr que se aprueben reformas en el Parlamento.
La exconsejera para las Regiones en el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, Sandra Ortiz, fue enviada este miércoles a una cárcel de mujeres por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, informaron medios locales.
La jueza tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le impuso esta medida de aseguramiento, sin que se haya precisado por cuánto tiempo, como parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz está acusada de presuntamente usar sus influencias para gestionar una adición a un contrato en la UNGRD a favor del expresidente del Senado, Iván Name, y por entregarle un soborno por 3.000 millones de pesos (alrededor de 688.000 dólares).
“¿Qué confianza puede tener el pueblo colombiano en las autoridades que están para proteger y no para quedarse con los recursos públicos? Son actos que van en detrimento de la comunidad. Son delitos graves que van contra poblaciones vulnerables”, afirmó la jueza.
De esta forma, Ortiz es la más alta funcionaria en ser aprisionada por el caso de la UNGRD, que estalló en mayo pasado cuando el exsubdirector de Manejo de Desastres del ente, Sneyder Pinilla Álvarez, admitió que formaba parte de un esquema de corrupción en el que se entregaron sobornos a parlamentarios para agilizar las reformas que tramitaba el Ejecutivo en el Legislativo.
