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La orden judicial se basa en una denuncia presentada por un grupo defensor de los derechos palestinos.
Un tribunal federal brasileño ha emitido una orden de investigación urgente contra un militar israelí que se encuentra de vacaciones en ese país sudamericano sobre la posible comisión de crímenes en la Franja de Gaza, marcando un “evento legal histórico”, informa la organización detrás de la denuncia.
La decisión del tribunal del distrito federal apoya la solicitud de medidas pertinentes de la Fiscalía Federal sobre la base de la denuncia presentada por la Fundación Hind Rayab (FHR), que acusa al sospechoso de participar en “demoliciones masivas de viviendas civiles” en el enclave palestino como parte de una “campaña sistemática de destrucción”.
“Estos actos forman parte de un esfuerzo más amplio por imponer condiciones de vida insoportables a los civiles palestinos, lo que constituye genocidio y crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional”, resalta la organización.
En su demanda, a la que se unieron las familias cuyas casas fueron destruidas, FHR presenta pruebas que incluyen videos, datos de geolocalización y fotografías que “muestran al sospechoso colocando personalmente explosivos y participando en la destrucción de barrios enteros”.
“Estos materiales demuestran sin lugar a dudas la implicación directa del sospechoso en estos actos atroces”, señala este grupo.
Maira Pinheiro, principal jurista de FHR, argumenta que el individuo “contribuyó activamente a la destrucción de hogares y medios de subsistencia”, además de que “sus propias declaraciones y comportamiento se alinean claramente con los objetivos genocidas en Gaza”.
La FHR ha pedido el arresto inmediato del sospechoso, indicando el alto riesgo de fuga del israelí y de la posible destrucción de pruebas.
Se trata del primer caso en que un Estado signatario del Estatuto de Roma aplica directamente sus disposiciones sin recurrir a la Corte Penal Internacional, por lo que el presidente de FHR, Dyab Abou Jahjah, lo llamó “un momento histórico” y un “poderoso precedente para que las naciones actúen con valentía a la hora de exigir responsabilidades a los autores de crímenes de guerra”.
