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La funcionaria anunció que “la lucha continúa” y apelará la resolución.
Un Tribunal de Garantías Penales de Ecuador, con sede en Iñaquito, al norte de Quito, negó la acción de protección que presentó la vicepresidenta del país suramericano, Verónica Abad, contra varios decretos del presidente y actual candidato a la reelección, Daniel Noboa.
El recurso fue presentado contra los decretos ejecutivos 490, 494 y 500, mediante los cuales el mandatario asignó a Abad la función de consejera temporal para colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con Turquía; designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como vicepresidenta temporal; y encargó a esta última la presidencia por varios días para hacer campaña electoral.
Los tres jueces del tribunal llegaron a una decisión por unanimidad. Según los togados, “no se ha demostrado ni verificado la persistencia de un posible daño susceptible de reparación”, como señalaba la funcionaria en su denuncia, puesto que varios de “los actos administrativos” impugnados “han cesado”; por tanto, para ellos, la acción de protección “pierde eficacia”, recoge Primicias.
Además, mencionaron que el decreto 500 es de control abstracto de constitucionalidad que no le compete resolver a ese tribunal.
Asimismo, indicaron que “no advierten vulneración de los derechos constitucionales alegados” por la vicepresidenta. Por otro lado, en relación a la aplicación de la figura de la “fuerza mayor” invocada por Noboa para delegar la presidencia a Gellibert, los jueces consideraron que es una “cuestión que se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.
Apelar
Tras conocerse la decisión del tribunal, Abad anunció que apelarán la misma. “La lucha continúa, para que una mujer que sea electa democráticamente, nunca pueda ser objeto de discriminación o degradación. Ecuador necesita más Democracia“, escribió en su cuenta en X.
Esta decisión se conoce a poco más de un mes de que la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre de Quito, aceptara un recurso de acción de protección solicitado por Abad, y dejó sin efecto la suspensión de 150 días de su cargo, medida que ocurrió tras un sumario abierto por el Ministerio de Trabajo.
Tras ese fallo favorable a Abad, la jueza denunció haber “sido coaccionada, amenazada y amedrentada” por hacer su trabajo. Entonces, aseguró que se le estaban adelantando “sumarios administrativos”, en interés de sancionarla, sin “derecho a la defensa”, para declarar en la corte provincial que cometió “un error inexcusable” al acoger la acción de protección.
