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Ente otros, se piden las comunicaciones del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el extitular de esa misma cartera de Estado Sergio Massa.
Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este jueves la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de Argentina, tanto de la actual Administración de Javier Milei como del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), en el contexto del juicio por la expropiación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La jueza estadounidense pidió a Argentina el envío de esas comunicaciones, que incluyen, entre otros, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y al extitular de esa misma cartera de Estado Sergio Massa, reseñó La Nación.
🔴Judge Loretta Preska orders the Republic of Argentina to hand over emails, WhatsApp messages, and other communications on similar platforms belonging to:• Luis Caputo• Santiago Caputo• Sergio Massa• José Ignacio de Mendiguren• Guillermo Michel• Gabriel Rubinstein… pic.twitter.com/V0BqJkMKKE
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) September 5, 2024
La solicitud tiene como objetivo acelerar un embargo que reclaman los ‘fondos buitre’ que están en litigio con YPF por la expropiación.
El año pasado, Preska condenó a Argentina a pagar una indemnización récord de 16.099 millones de dólares, al considerar que la reestatización de 2012 violó el estatuto de la empresa y perjudicó a los accionistas minoritarios. Los beneficiarios fueron los bufetes británicos Burford Capital y Eton Capital, dos ‘fondos buitre’ que compraron los derechos de litigio de exaccionistas minoritarios de YPF.
Con la nueva orden, que fue concedida a pedido de Burford Capital, se busca probar la figura del ‘alter ego’, o que el Estado y la empresa son lo mismo. Cabe recordar que YPF fue excluida de la demanda el año pasado cuando se conoció la sentencia condenatoria; ahora, los fondos quieren que la compañía vuelva a ser parte de la causa, al ver que es improbable que Argentina pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon a casi 900 millones de dólares).
Entonces, se pretende demostrar que tanto YPF como el Banco Central son un ‘alter ego’ de Argentina, es decir, que la petrolera, la entidad y el país son lo mismo a fines legales.
El argumento es que YPF, en lugar de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria —una sociedad anónima (SA) privada—, opera en función de los objetivos políticos de la Administración de turno.
“Los beneficiarios quieren probar que el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, ARSA y Enarsa son lo mismo que la República Argentina, así pueden embargar sus activos. Pero no se puede avanzar si no entregan documentos”, dijo Sebastián Maril, analista de Latam Advisor, citado por TN.
En una publicación en X, Maril comentó que el reciente decreto de Milei, mediante el cual se restringe el acceso a la información pública, “podría considerarse un intento del Gobierno de obstruir la presentación de pruebas por parte de los acreedores de la sentencia de YPF”.
