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El asesinato de un hombre por robar jabón o el caso de un joven arrojado desde un puente, han expuesto una vez más este problema crónico en la ciudad brasileña.
Sao Paulo, la capital económica de Brasil, se encuentra en el epicentro de un debate cada vez más acalorado sobre la brutalidad policial. Sucesos impactantes como el asesinato de un hombre por robar jabón o el de un joven arrojado desde un puente han expuesto un problema crónico: un modelo de seguridad pública que parece más centrado en la represión que en la protección ciudadana.
Entre enero y septiembre de 2024, al menos 580 personas murieron en operaciones policiales, un aumento del 55 % respecto al mismo período del año anterior. Los enfrentamientos también dejaron 231 personas heridas, frente a las 175 registradas en 2023.
Pero no son solo las muertes las que pintan un panorama desolador. Según el diario Folha de S. Paulo, las prácticas crueles e inhumanas han aumentado de cinco en 2022 a 13 en 2024, y las lesiones graves —daños que generan incapacidad o son permanentes— también se dispararon.
El incremento en los casos de lesiones graves y tortura también es preocupante; las primeras, que incluyen daños permanentes o incapacidad para trabajar, se dispararon en el último año. Asimismo, los casos de tortura pasaron de cinco en 2022 a 13 en 2024.
Un problema estructural
El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien asumió el cargo en 2022 con el respaldo del expresidente Jair Bolsonaro, enfrenta crecientes críticas. Según informes publicados por el mismo diario, durante su administración se ha registrado un 80 % más de investigaciones por homicidios cometidos por agentes en comparación con el gobierno anterior.
En 2023, la Policía Militar de Sao Paulo remitió 332 investigaciones preliminares de homicidios (IPMs, por sus siglas en portugués) al Tribunal de Justicia Militar; en 2024, esa cifra ya alcanzó los 547 casos. Estas pesquisas son el primer paso para determinar si los agentes actuaron de forma legítima o abusaron de su autoridad. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos cuestionan la imparcialidad de este proceso.
En un nota enviada a la prensa, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) insistió en que todos los casos son investigados con rigor. Sin embargo, organismos como Conectas Direitos Humanos denuncian que se permita que la misma institución policial investigue sus propios actos.
“Una vez más queda claro que debemos garantizar una supervisión independiente de los delitos cometidos por el Estado”, señaló Carolina Diniz, coordinadora de Conectas. “El Ministerio Público debe asumir este papel, con mecanismos autónomos y personal técnico especializado, para garantizar investigaciones acordes a los protocolos internacionales”, añadió.
La crisis en Sao Paulo no es un caso aislado y los expertos alertan que refleja las deficiencias sistémicas en el modelo de seguridad pública nacional, por lo que coinciden en la necesidad de reformar toda la estructura.
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