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Un informe reveló que al menos 25.000 personas están sometidas a constantes violaciones a sus derechos humanos.
Explotadas, sin acceso a servicios básicos ni las condiciones necesarias para regularizar su situación migratoria, miles de personas en el sur de España son víctimas de sistemáticas violaciones de sus derechos humanos.
Así lo concluye un informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que alerta sobre la dura “crisis humanitaria” que afecta a los migrantes que trabajan en el campo español, específicamente en cinco municipios de Almería y Huelva.
Estas personas no tienen acceso a servicios básicos, ya que se ven obligadas a residir en precarias chabolas cerca de los asentamientos agrícolas, donde los empresarios buscan mano de obra sin contrato laboral y con salarios de miseria.
De acuerdo a la asociación, los migrantes en esta situación viven alejados “de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la Sanidad y a la escolarización de menores y son víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral“.
Se estima que hay cerca de 12.000 migrantes que residen en infraviviendas y laboran en la millonaria industria de la agricultura hortofrutícula “bajo plástico” en Andalucía, donde se cultiva cerca de 90 % de las superficies dedicadas a este tipo de explotaciones, refiere Público. El número total es casi imposible de contabilizar, ya que la mayoría de estas personas están en situación administrativa irregular.
Según los datos del informe, en la más reciente campaña, esta industria generó toneladas de productos hortofrutícolas, valorados en 3.953 millones de euros en Almería, y en 1.163 millones en el caso de Huelva. Sin embargo, el trabajo de las personas que recogen las cosechas fue remunerado con sueldos que apenas rozaban los 40 euros por día, pese que el salario vigente para la temporada 2024 se estableció en 57,95 euros brutos diarios.
A merced de los empresarios
Uno de los factores que favorece esta situación es el sistema migratorio en España, ya que muchas personas deciden trabajar en el campo mientras aguardan los plazos de ley para su regulación.
Esta irregularidad implica que las personas trabajen “sin contrato laboral, sin derechos laborales, a merced de los empresarios agricultores, sin las medidas de seguridad establecidas y en condiciones de explotación“, alerta el informe.
Así, los migrantes en situación administrativa irregular se enfrentan a jornadas extenuantes, bajos salarios y escasas medidas de protección, pese a que incluso deben manipular sustancias peligrosas. Aunado a ellos, optan por pagar entre 3.000 y 7.000 euros para acceder a contratos para poder tramitar su permiso de residencia.
“Podemos concluir tras el estudio de investigación que la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos informales de Huelva y Almería refleja una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, que requieren una respuesta urgente y estructural“, afirma la asociación encargada del estudio.
En esa línea, consideran que “las condiciones de vida indignas no pueden ser toleradas en un país que se define por su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas”.
