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Según organizaciones comunitarias, los traficantes inducen al consumo mediante golosinas, pasteles y populares bebidas entre los menores de edad.
La estrategia de captación es sencilla: azúcar. Los distribuidores de fentanilo, una peligrosa droga sintética, han encontrado la manera de captar a niños y adolescentes en comunidades indígenas de México enmascarando la peligrosa sustancia entre dulces, golosinas, pasteles y populares bebidas.
Según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan AC, que se ubica en el sur de México, los menores de edad son el blanco más apetecible para los traficantes y es por ello que el consumo se ha disparado en los últimos años. Las familias afectadas por el fenómeno consideran que puede tratarse de una forma de reclutamiento.
“Es un negocio criminal que se ha instalado en las tienditas de las comunidades sin que las autoridades ni personas mayores lo hayan detectado para tomar medidas acordes a los graves daños que está causando a sus hijos”, refieren.
Muertes e intoxicaciones
Dos adolescentes de la etnia me’phaa, originaros de Tierra Colorada, murieron en 2022 debido a una sobredosis de fentanilo; mientras que en 2021, una niña de 5 años fue llevada a emergencias por una intoxicación con esa droga, que consumió al ingerir una golosina.
En esa misma zona, al menos tres estudiantes fueron intoxicados con esa droga: uno murió por sobredosis y los otros dos fueron internados. En otra comunidad indígena, un joven de unos 15 años se suicidó debido a una crisis de abstinencia que no fue atendida.
“Las autoridades de Santa Cruz del Rincón tienen registrado que el fentanilo lo distribuyen a través de los puestos de chamoyadas, piñas coladas, jugos congelados y otros preparados. Es decir, que voluntariamente no lo están consumiendo, sino que los están induciendo a que consuman. Ahora comer pastel, gelatina y otros preparados resultan ser un peligro para el cuidado de la salud de los niños y jóvenes”, refiere la denuncia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan AC.
De momento, las escuelas son los puntos neurálgicos. En la zona ya hay comunidades que han reportado el consumo dentro de niñas, niños y adolescentes, pero temen hacer las denuncias por temor a las represalias de los traficantes.
Falta de respuesta
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en la Montaña (CRAADET) ha alertado sobre la falta de respuesta gubernamental a la problemática, pese a que las autoridades locales también están al tanto de la situación. De hecho, en Tilapa se han organizado de forma comunitaria para efectuar las labores de resguardo, con el objetivo de evitar que haya más víctimas.
Según el mismo centro de derechos humanos, esas rondas comunitarias han permitido identificar algunos puntos de distribución de la droga, como por ejemplo, vendedores de muebles. Aparentemente, la sustancia entró a esas zonas “por Marquelia, Azoyú y San Luis Acatlán”.
“Los niños la identifican bien [la droga], se han vuelto expertos en el conocimiento de la calidad de este opioide. En las escuelas secundarias los alumnos aseguran que el blanco es mejor, pero es más caro, mientras que el de color amarillo es de menor calidad y es barato”, detallan. En algunos casos, la sustancia circula en pequeñas bolsitas que se comercian entre los 150 y los 300 pesos (entre 8 y 15 dólares).
Además del problema de salud que representa para las infancias el consumo de opioides, las comunidades advierten de los efectos negativos para el entramado social, ya que consideran que el fentanilo es la puerta de entrada para una carrera delictiva que contempla homicidios, feminicidios, robos y también narcotráfico.
A este complejo panorama se suma una dificultad mayúscula: el debilitamiento de las organizaciones comunitarias debido a la infiltración del crimen organizado, los conflictos internos y la presión de los negocios ilícitos. En esa batalla, el riesgo mayor es para los más pequeños.
“Han vislumbrado la posibilidad de que alguien de la comunidad pueda pactar con grupos delincuenciales para permitir la entrada de estas drogas, generando graves daños a la comunidad, sobre todo a la niñez y la juventud”, destacan.
El mes pasado, un informe elaborado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) reveló que la demanda de tratamiento médico en instituciones públicas y privadas derivada por el consumo de fentanilo se multiplicó en México por más de 50 en tan solo cinco años, al pasar de 10 casos en 2018 a 518 el año pasado.
Se constata un crecimiento geométrico del consumo de esta sustancia psicoactiva, con la mayoría de los casos reportados en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Desde 2019 a 2023, las autoridades han incautado en México 7.689 kilos de fentanilo.
