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El fraude salió a la luz cuando su abuela le exigió dinero a cambio de no denunciarla.
Durante más de tres décadas, Ana Lucia Umbelina Galache de Souza engañó al Ejército brasileño con documentos falsificados para recibir una pensión que no le correspondía. Tras un largo proceso judicial, la mujer fue condenada a devolver 3,7 millones de reales (unos 644.000 dólares) y a cumplir una pena de prisión.
Según G1, el Superior Tribunal Militar sentenció a Ana Lucia a tres años y tres meses de prisión en régimen abierto y en un fallo definitivo, sin posibilidad de apelación. La demanda, que recoge el medio, indica que Ana Lucía era sobrina nieta de Vicente Zárate, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, y falsificó documentos para recibir una pensión como si fuera su hija.
Este esquema fraudulento se inició el 25 de septiembre de 1986, cuando Ana Lucía era aún menor de edad y se registró como hija de Vicente Zárate y Natila Ruiz en Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul.
La mujer comenzó a recibir, en 1988, una pensión completa como hija de un sargento segundo del Ejército y continuó hasta 2022, cuando fue denunciada.
“Pleno conocimiento del fraude”
La Defensoría Pública Federal pidió la absolución de Ana Lucía y alegó “falta de intención”, pues su registro como hija del excombatiente se hizo cuando aún era menor de edad. El tribunal no aceptó este extremo.
Durante el juicio, la mujer admitió el engaño y reveló que compartía el dinero de la pensión con su abuela, Conceição Galache. Según su testimonio, la estafa salió a la luz cuando su abuela le exigió 8.000 reales (unos 1.400 dólares) a cambio de no denunciarla.
En diciembre de 2021, Conceição contactó a la Policía Civil y a la Intendencia Militar para informar que la mujer no era hija de Vicente Zárate y que su nieta utilizó el nombre de Ana Lucía Zárate solo en las relaciones con la Administración Militar, manteniendo el nombre de Ana Lucía Umbelina Galache para todos los demás actos de la vida civil, incluido su matrimonio, que se celebró el 2 de marzo de 1990.
El Tribunal Militar consideró que la mujer tenía pleno conocimiento de su engaño y que incluso decidió continuar con el fraude a pesar de que su esposo le pidió parar.
