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La oposición busca su destitución para sumarse un voto en el Congreso, mientras el Gobierno maniobra para no perder un respaldo.
El escándalo del senador argentino Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay porque trasladaba más de 200.000 dólares sin declarar, desató una pelea entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque el lugar que deja libre en el Congreso es crucial tanto para el oficialismo como para la oposición.
Kueider representa una paradoja, ya que en 2019 ganó una senaduría como parte de las listas del Frente de Todos, la coalición peronista que entonces ganó las elecciones con la fórmula que encabezaban Alberto Fernández y Fernández de Kirchner. Este año, sin embargo, el legislador cambió de bando y se alió a Milei.
Por eso, la semana pasada, cuando fue detenido junto con su secretaria en un paso fronterizo entre Brasil y Paraguay, surgió la duda de a quién afectaba el caso. El mileísmo y el kirchnerismo se enfrascaron en un intercambio de adherencias políticas, ya que ninguno quería reconocer al senador como propio.
Con el pasar de las horas, los kirchnneristas aprovecharon el momento para impulsar la destitución de Kueider del Senado, ya que ello permitiría que en su lugar asuma Stefanía Cora, una dirigente cercana a la expresidenta. Es decir, le quitarían a Milei un voto estratégico.
En respuesta, el Gobierno defendió a Kueider y advirtió que, si avanza su expulsión del Senado, entonces propondrá que ocurra lo mismo con todos los legisladores que tengan abiertas causas judiciales, algo que afecta tanto oficialistas como a opositores.
Además, el bloque peronista ha pedido conformar en el Congreso una comisión especial para investigar el caso. Sospechan que el legislador aceptó algún tipo de soborno para votar favorablemente la ley Bases, que propuso el Gobierno y que fue aprobada en junio tras seis meses de negociaciones, rechazos opositores y polémicas.
Para el diputado Santiago Cafiero, excanciller de la gestión de Alberto Fernández, “el proceso de aprobación de la ley [Bases] estuvo plagado de irregularidades, sospechas y denuncias“.
En respuesta, el Gobierno defendió a Kueider y advirtió que, si avanza su expulsión del Senado, entonces propondrá que ocurra lo mismo con todos los legisladores que tengan abiertas causas judiciales, algo que afecta tanto oficialistas como a opositores.
Fernández de Kirchner aprovechó para hacerle un reclamo público al presidente. “¿Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?”, provocó la expresidenta, en un mensaje en el que advirtió que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, debería convocar el jueves a la sesión especial para tratar este caso.
Pero, tras el escándalo, Kueider se adelantó y pidió licencia por tiempo indeterminado, según informó este lunes La Nación. Fue a través de una nota firmada de puño y letra por el senador, quien se encuentra detenido con prisión domicilaria, dirigida a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
De todos modos, la licencia debe tener el aval de la cámara baja, para lo cual se debería llamar a una sesión especial, ya que el período de sesiones ordinarias culminó el pasado 30 de noviembre. Lo mismo ocurre con el pedido de expulsión que impulsa el peronismo.
Disputa
El debate continuó con la publicación de unos audios telefónicos que supuestamente demuestran la cercanía de Kueider, senador por la provincia de Entre Ríos, con Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia.
“Ya te conté que una vez me llamaron los de Milei que querían plata y que yo les dije: ‘mira, cuando se presenten las listas en Entre Ríos, hablamos, antes no'”, afirma el legislador en una de las presuntas conversaciones, que fueron emitidas por el periodista Rolando Graña.
“Espero que si tienen algo de dignidad condenen a esta basura inmunda que miente de modo descarado”, respondió el presidente, al citar los polémicos audios.
Más allá de las declaraciones y posteos en redes sociales, el futuro de Kueider se definirá esta semana, ya que todo depende de si la oposición logra convocar a la sesión especial para tratar su expulsión.
Mientras tanto, el senador continuará con prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay, junto con su secretaria Iara Guinsel Costa, con quien fue detenido. Ambos están imputados como “coautores de contrabando en grado de tentativa”, delito que tiene una pena de dos años y medio de cárcel.
