Líderes comunitarios de diferentes áreas del país denuncian el asesinato de sus compañeros y la judicialización y aprensión de muchos otros.
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) denunció que suman al menos tres mil ordenes de captura en contra de campesinos de diferentes áreas del país emanadas de judicaturas vinculadas a terratenientes y poderes paralelos, además de la constante de desalojos en diferentes departamentos.
Estamos muy preocupados por esta ola de represión y criminalización sobre todo a través de la judicialización por que las estructuras permanecen dentro de los territorios, departamentos municipios y entonces se sigue las ordenes de captura, procesos de desalojo, tanto judiciales como extra judiciales, entonces hay una tarea enorme que resolver.
Los campesinos advierten que por medio del sistema de justicia se está materializando una suerte de venganza en contra del presidente Bernardo Arévalo debido a que se usa como arma de presión el desalojo de miles de ellos, las protestas campesinas en contra del poder son criminalizadas y el sistema judicial se presta a ello.
El crimen organizado, el sector tradicional económicamente poderoso, y los militares genocidas cooptan el estado y utilizan a funcionarios corruptos, por eso es que hay intereses comunes, y entonces la idea aquí es, mantener el control del estado para sus negocios espurios y quien alce la voz en contra de eso es criminalizado.
Las cifras de campesinos judicializados y asesinados son alarmantes, las investigaciones desde un Ministerio Público sesgado no avanzan y los grandes problemas agrarios no se resuelven.
Ocho asesinatos han habido solo en lo que va del año a dirigentes comunitarios en el Puerto de San José, ya 19 con los dos que le dieron medida sustitutiva hoy en Cobán, con esos dos 19 dirigentes comunitarios han pasado en la cárcel este año.
Recientemente fueron electos los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones en el Organismo judicial, la elección suponía un cambio al sistema corrupto que imperaba en el país, pero al parecer no ha cambiado nada denuncian los líderes campesinos.
La persecución no solo es en contra de líderes campesinos e indígenas sino contra periodistas y todo aquel que señale la corrupción que subyace en el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
Miguel Salay, Ciudad de Guatemala
frr/hnb
