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La iniciativa fue aprobada en menos de 24 horas por 17 de los 32 congresos de las entidades federativas que necesitaba.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha promulgado esta jornada su polémica reforma judicial presentada en febrero, que entrará en vigor antes de que su mandato termine, el próximo 1 de octubre.
Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada en el Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales. Me acompañó como testigo la presidenta electa Claudia… pic.twitter.com/bkfjbpTp1b
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2024
La Cámara de Diputados aprobó la reforma el pasado 4 de septiembre y de inmediato la envió para que fuera debatida en el Senado, que la ratificó siete días después en una escandalosa jornada de debates. A continuación, la reforma fue aprobada en menos de 24 horas por 17 de los 32 congresos de las entidades federativas que necesitaba. En todas ellas, el partido oficialista Morena gobierna y tiene mayoría legislativa.
Todo el proceso de ratificación se ha llevado a cabo en medio de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial, que rechazan la iniciativa. Tanto la sesión del Senado como la de la Cámara de Diputados, tuvieron que ser suspendidas y trasladadas a sedes alternativas, después de que manifestantes irrumpieran en los debates.
Cambios
La controvertida reforma judicial propone la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo el próximo año, así como la disminución de su permanencia en el cargo. Además, bajo los principios de ‘austeridad republicana’, pretende poner un alto a los “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial.
El proyecto también contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la república y se reduzcan sus prestaciones. Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Por otra parte, modifica el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
