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Las crisis humanitarias se han extendido por buena parte del territorio colombiano, producto de la presencia de grupos armados y criminales.
Aunque el punto focal de la crisis humanitaria en Colombia ha estado en la región del Catatumbo (parte del Norte de Santander), donde el enfrentamiento de dos grupos armados causó el desplazamiento de unas 53.000 personas, las alertas se han encendido ante la existencia de 11 puntos calientes en otras zonas del país suramericano.
La Defensoría del Pueblo publicó en sus redes un video donde ofrece un diagnóstico sobre la situación generada en varias regiones colombianas por la presencia de organizaciones armadas ilegales y grupos criminales que buscan imponerse para lograr el control territorial y el dominio de las rentas ilícitas producto de la producción y distribución de drogas.
Y es que la ‘paz total’, política bandera del Gobierno de Gustavo Petro, se ha visto flanqueada por las suspensiones del proceso de conversaciones con las estructuras armadas y narcocriminales, por desacuerdos entre las delegaciones negociadoras y por las arremetidas de estas organizaciones en territorios donde buscan incursionar o afianzarse.
Como en otras oportunidades, los enfrentamientos, rupturas, pactos de convivencia y avances de los grupos al margen de la ley han afectado a los sectores más vulnerables de la población, representados por campesinos, indígenas, población afrocolombiana, niños y adolescentes.
El mayor punto caliente
En un video, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó que uno de estos puntos se encuentra en el departamento del Chocó, donde desde el 4 de febrero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo se enfrentan en la región de San Juan. La gobernadora chocoana, Nubia Córdoba, calificó esta acción armada de “transgresión de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario“.
A los combates entre estos dos grupos se le suma la presencia, por primera vez en la zona, del bloque del Estado Mayor Central (EMC), liderado por ‘Iván Mordisco’, que se habría aliado al grupo narcoparamilitar, según la Defensoría.
El ELN, cuyas conversaciones con el Ejecutivo están suspendidas, mantiene un paro armado en esa entidad con salida al Pacífico que se extenderá hasta el 21 de febrero. Esta sería la décima medida de fuerza de ese tipo, según la gobernadora, que dice que la crisis humanitaria se ha extendido por dos años ininterrumpidos.
El paro armado, que se inició en esta jornada, ha producido confinamientos ante la orden de suspensión de la navegación en la zona. Se reporta la existencia de minas antipersona, cerca de caseríos y de escuelas. Hasta ahora, 1.600 personas han sido afectadas.
Los otros focos de violencia
La crisis humanitaria también se registra en el Putumayo (suroeste) donde además existe un alto riesgo, según la Defensoría, por la realización de elecciones atípicas el próximo 23 de febrero, cuando se elegirán el gobernador y el alcalde del municipio Puerto Guzmán.
Según la Defensoría del Pueblo, el grupo armado “que más se ha expandido es el Clan del Golfo”. El resto se ha fortalecido.
Otros puntos críticos se encuentran repartidos entre los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Meta, Arauca, Guaviare, Tolima, Córdoba (Sur) y entre las regiones de la zona del Pacífico y Buenaventura (Valle del Cauca), Sierra Nevada (Santa Marta), Perijá (La Guajira y Cesar) y Magdalena Medio (Bolívar, Boyacá y Santander).
¿Quiénes están detrás de la violencia?
Estos focos los protagonizan diez grupos armados ilegales: ELN, Comuneros del Sur, Clan del Golfo, EMC al mando de ‘Iván Mordisco’, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) llamada Frente 57 Yahir Bermúdez, las disidencias de ‘Calarcá’ o Estado Mayor de los Bloques y Frente, los comandos de frontera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Chotas y Los Espartanos.
Los grupos armados, dice el ente de defensa de los derechos humanos, tienen influencia en 73 % de los municipios del país.
Peticiones de la Defensoría
Entre los llamados que hace la defensora del Pueblo están:
Implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas.
El apoyo de la comunidad internacional a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto de los derechos de las personas y de las comunidades en riesgo.
Exigir a los grupos armados respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario.
Instar al Gobierno a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario.
