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Los medios han publicado los extractos de un borrador que incluye propuestas novedosas como el establecimiento de “zonas de ubicación temporal” para los grupos armados en negociaciones.
Los medios colombianos han difundido que el Gobierno de Gustavo Petro trabaja en un borrador donde se establecen las bases de su política de ‘paz total’, que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2022, pero que en la práctica ha sorteado una serie de dificultades como parte de los procesos de diálogo con los grupos armados que están paralizados y no terminan de cuajar.
Según una publicación de Blu Radio, en esta versión preliminar del decreto, que hasta ahora tiene siete páginas, se establece el marco operativo para las negociaciones y diálogos con las estructuras y se incluye la novedad de las “zonas de ubicación temporal”, donde estarán los representantes de estos grupos mientras se desarrolle el proceso de paz.
Este texto se conoce en un momento de conversaciones congeladas o agónicas tanto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como con las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) entre señalamientos mutuos de incumplimiento de los puntos pactados y acciones de violencia contra la población civil.
¿Con quiénes se firma la paz?
Las estructuras se catalogan en: Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOML), Grupo Armado Organizado (GAO) y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
El Ejecutivo establecerá dos tipos de procesos de diálogo: con los GAOML las negociaciones se sellarán con un acuerdo de paz —como hizo la Administración de Juan Manuel Santos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—, mientras que con los GAO y EAOCAI habrá “sometimiento a la justicia y desmantelamiento“.
Además, se establecerán “acuerdos parciales“, para “generar confianza entre las partes, bajar la intensidad del conflicto en las regiones y reducir la violencia”.
¿Cómo se clasifican los grupos armados?
Los GAOML serían las “organizaciones armadas rebeldes que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y con las cuales se adelante un diálogo de un carácter político“, dice el artículo.
Por otro lado, los GAO son organizaciones también bajo la dirección de un mando responsable, que tienen el control de “una parte del territorio”, lo que les permite “realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” y ejercer la “violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública”, según el artículo 2 de la Ley 1908.
En cuanto a las EAOCAI, se afirma que son “organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas”, con “estructura jerárquica” o red “que se dedican a la ejecución permanente o continua de conductas punibles” en contra de la población y desarrollo de una o más economías ilícitas.
¿Cómo serán las “zonas de ubicación temporal”?
En el escrito difundido por la prensa se menciona que durante el proceso de conversaciones podrán acordarse las “zonas de ubicación temporal”, que no serán “zonas de despeje”, como la autorizada en San Vicente del Caguán (Caquetá) durante el Gobierno de Andrés Pastrana, en 1988, para establecer diálogos con las FARC, que terminó por recrudecer el conflicto armado.
En el borrador se adelanta que, tras constituirse las “zonas de ubicación temporal”, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz le informará al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fiscalía sobre la decisión para que se suspendan las órdenes de captura de quienes estén allí. La comunicación debe incluir ubicación geográfica del área donde están los grupos y quiénes son los miembros de los GAOML, EAOCAI y GAO que se mantendrán en esas áreas.
Sobre el financiamiento para la paz, se aclara que el Gobierno se hará responsable y se agrega que las autoridades territoriales deberán disponer de los “recursos necesarios para la financiación de las acciones que se desarrollen en su jurisdicción”, que serán otorgados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que a su vez los obtendrá del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
¿Quiénes estarán al frente de las conversaciones?
En el bosquejo se afirma que las designaciones de gestores o promotores de paz de los GAOML y GAO, que incluyen a exintegrantes de esos grupos, “se harán por periodos de tiempo determinados en meses“, que podrán ser prorrogados.
De esta manera, el gestor o promotor de paz “deberá suscribir un acta de compromiso que incluirá el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades administrativas y judiciales, en caso de estar vinculados a tales procesos, y un plan de gestión confidencial (…) que será verificado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.
Los gestores y promotores de paz serán supervisados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Consejero Comisionado de Paz. Tras verificar la voluntad de cada grupo, se “podrán reconocer algunas acciones previas relacionadas con desminado humanitario, el diseño de acciones restaurativas, los ceses al fuego, las acciones de desescalamiento de la violencia, la contribución a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la liberación de personas secuestradas, la entrega de niñas, niños y adolescentes reclutados”.
