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Este 10 de enero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, jurará ante la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) para un tercer mandato, tras haberse impuesto en los comicios del pasado 28 de julio con el 51,95 % de los sufragios, como consta en el segundo boletín divulgado por el Consejo Nacional Electoral del país.
El resultado fue ratificado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aceptó un recurso de amparo interpuesto por el mandatario, luego de que el ente comicial denunciara que fue víctima de ataques cibernéticos masivos y el ala extremista de la oposición, cuyo candidato fue Edmundo González Urrutia, se atribuyera la victoria. Pese al fallo, González Urrutia y quienes lo apoyan siguen sin reconocer el dictamen institucional.
Tras el ‘impasse’ electoral, Maduro, de 62 años, destinó los últimos meses de su segundo período como jefe de Estado a preparar el terreno de su próxima administración con una renovación importante de su gabinete ministerial, el impulso de instancias de participación popular y el anuncio de una reforma constitucional.
De otro lado está la situación internacional, en particular las relaciones con el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, quien asumirá el cargo el venidero 20 de enero. En el primer mandato de Trump (2017-2021), Washington optó por aplicar una política de “máxima presión” hacia Caracas que incluyó la imposición de una andanada de sanciones económicas y financieras, el apoyo a un “Gobierno paralelo” encabezado por el exdiputado Juan Guaidó y el respaldo a diversas acciones sediciosas para procurar un cambio de gobierno en Venezuela.
Aunque la página de la segunda presidencia del magnate republicano aún no se escribe, la designación en altos cargos de agentes detractores del Gobierno venezolano, como Marco Rubio, Mauricio Claver-Carone o Ric Grenell, abogan en favor de la permanencia de la hostilidad, que podría expresarse en mantener el reconocimiento de González Urrutia como “presidente electo” que anunciara el Gobierno saliente de Joe Biden.
Pugna con la oposición extremista
Si bien la cuestión electoral está legalmente zanjada, desde el ala extremista de la oposición, encabezada por la lideresa María Corina Machado, se niegan a reconocer su derrota y, antes bien, sostienen en que González Urrutia debe juramentarse el 10 de enero.
A estos efectos, el excandidato opositor emprendió una gira que lo llevó a Argentina, Uruguay, EE.UU., Panamá y República Dominicana y se ha granjeado el respaldo de las administraciones de Paraguay y Chile. Mientras, Machado salió de su letargo y anunció movilizaciones de calle un día antes de la investidura.
Desde el Gobierno venezolano ya han advertido que impedirán cualquier intento desestabilizador y que enfrentarán “con firmeza” cualquier acción violenta con fines políticos. Además, las autoridades ofrecieron una recompensa por el paradero de González Urrutia, al que se le atribuye responsabilidad en varios delitos graves, incluyendo usurpación de funciones y desconocimiento de las instituciones del Estado.
Analistas de diversos signos políticos han coincidido en señalar que Maduro asumirá su tercer mandato con amplio respaldo de las instituciones locales, por lo que estaría bajo cuestión serían los objetivos que pretende alcanzar la oposición extremista con sus llamados a manifestaciones callejeras y el recorrido internacional de su exabanderado.
Mientras que para la especialista Giovanna de Michele, González Urrutia y sus aliados no tendrán capacidad alguna de gobernar y su ámbito de acción quedará restringido al control de algunos activos del Estado venezolano en el extranjero, en opinión del periodista español Ignacio Ramonet, este nuevo episodio de pugna política responde en última instancia a la incapacidad de la dirigencia de la oposición extremista para interpretar correctamente al chavismo y actuar en consecuencia.
“Ellos llevan 25 años equivocándose, llevan 25 años haciendo un mal análisis de lo que es el chavismo, tanto políticamente como sociológicamente. Llevan 25 años buscando aliados perversos –y en particular, aliados cerca del imperialismo estadounidense– para tratar de imponerse en la vida política. Entonces, efectivamente, este ciclo se termina”, valoró Ramonet.
Así las cosas, aunque la diatriba entre el Gobierno venezolano y la oposición extremista pueda tener alguna resonancia interna a destacar, particularmente en las elecciones parlamentarias, regionales y municipales previstas constitucionalmente para este 2025, lo más probable es que el terreno de disputa se decante hacia eventuales negociaciones con mediación de terceros países.
La relación con EE.UU.
El futuro de la relación entre Caracas y Washington es otro de los grandes desafíos a los que tendrá que plantarle cara el mandatario venezolano. Relevante por derecho propio, dadas las rispideces y enfrentamientos que han caracterizado los nexos en la últimas dos décadas, cobra todavía más importancia debido al papel que han jugado diversas administraciones de EE.UU. en el fortalecimiento, apoyo financiero e impulso del ala extremista de la oposición venezolana.
Si bien los antecedentes y designaciones de Trump hacen pensar que el relacionamiento seguirá siendo muy difícil, a la fecha figura como una gran incógnita, pues parece depender mucho más de lo que planee hacer el magnate republicano que de lo que haya hecho el Gobierno saliente.
En contraste con lo que prevaleció durante su primera gestión, el tema Venezuela ha estado ausente del discurso del presidente electo e incluso congresistas del Partido Republicano, al que está adscrito Trump, no parecen tener una posición unánime al respecto.
Así, el senador Rick Scott, quien tiene en su haber la promoción de la polémica Ley BOLIVAR, reiteró su respaldo a González Urrutia, mientras que el senador Bernie Moreno afirmó en declaraciones recientes que Trump “va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo”, en tanto para Washington es prioridad velar por sus intereses en la región.
En cualquier caso, la pelota está ahora mismo del lado de Trump, a quien Maduro tendió un puente de plata tras su victoria el pasado noviembre, al asegurar que estaba dispuesto a reiniciar las relaciones. Ratificó esta posición en una reciente entrevista, en la que aseguró que estaba listo para “pasar la página” e iniciar una nueva etapa de relacionamiento basada en el respeto mutuo.
Siete transformaciones
Más allá de las tensiones internacionales y con la oposición extremista, el presidente venezolano prometió llevar a cabo transformaciones para garantizar el bienestar de la población en un contexto de crecimiento económico sostenido, a pesar de las sanciones económicas y financieras impuestas por EEUU.
Bautizado con el nombre de ‘Las 7T’, el programa de gestión abarca el plan económico, que deberá enfocarse en la estabilización macroeconómica y el abastecimiento del 100 % de la producción; así como inversiones en ciencia y tecnología, consolidación de la seguridad ciudadana, recuperación del Estado de bienestar, fortalecimiento de la democracia y el poder popular, atención a la crisis climática y relacionamiento internacional basado en la concepción del mundo multipolar.
La transformación en el seno del Estado para ampliar las instancias de elección popular ha sido definida como una prioridad del sexenio que está por iniciar. Así, Maduro adelantó que impulsará una modificación de la Carta Magna venezolana para “fortalecer la democracia” en la cual ya trabajan asesores nacionales e internacionales, sin aportar más detalles.
En reciente entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet abundó sobre el tema: “Nosotros hemos retomado con mucha fuerza la idea de la democracia directa, de la democracia vecinal, comunitaria. En este caso, la construcción de lo que dice nuestro pueblo, de un nuevo Estado comunal, un Estado moderno dentro de la idea de la modernidad socialista bolivariana del siglo XXI, no dentro de la idea de la modernidad fracasada del mundo occidental, ni de la posmodernidad”.
Desde su punto de vista, se trata de poner en obra la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1999, porque, dijo, este tipo de democracia “vecinal, con la participación y el ojo del pueblo, es infinitamente superior, mucho más eficiente que el viejo y vetusto Estado burgués desgastado” que aún pervive.
Empero, todavía no está del todo claro el alcance de esta propuesta. Según lo expuesto por Maduro, la reforma podría, como mínimo, implicar cambios sustantivos en la estructura del Estado, en el que no figuran formalmente las instancias del poder popular.
El otro gran asunto es la recuperación del Estado de bienestar, duramente golpeado por el desplome de los ingresos en el país. Maduro ha insistido en el carácter estructural del crecimiento económico que ha experimentado la nación bolivariana en los últimos años como punto de partida para atender integralmente las necesidades de la población.
Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía venezolana creció aproximadamente 6,2 % en el año que recién concluye. A esto se suma que, de acuerdo con cifras oficiales, en el mismo lapso se produjeron recaudaciones equivalentes a casi 8.700 millones de dólares. En pocas palabras, hay más dinero para reinvertir internamente y el Gobierno estaría en la capacidad de empezar a cerrar las heridas sociales derivadas de las sanciones y bloqueos.
“Hay buenos elementos, estamos teniendo en el 2024 la inflación más baja en los últimos 20 años; estamos teniendo en el 2024, hemos cerrado con 14 trimestres de crecimiento. Así es todo auspicioso para asumir seis años, como vamos a asumir, de construcción de un modelo económico autosustentable, productivo, que abastezca al país, que desarrolle su vocación exportadora y que genere riquezas para recuperar todos los derechos sociales, laborales de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo”, sintetizó Maduro, al ser consultado sobre este tema por Ramonet.
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