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Sindicatos presentaron una demanda contra el Gobierno y calificaron los esfuerzos para disolver la agencia como “inconstitucionales e ilegales”.
La Administración Trump planea reducir drásticamente el personal de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), manteniendo solo unos 300 trabajadores activos de un total de más de 10.000 empleados en todo el mundo, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters.
Según el plan propuesto, solo 294 trabajadores podrán conservar sus puestos, incluidas 12 personas de la oficina de África y ocho de Asia. La mayoría de los aproximadamente 3.000 contratistas de apoyo institucional ya han sido despedidos o suspendidos. Mientras que se espera que las oficinas de Asistencia Humanitaria, Salud Global y Gestión conserven la mayor parte del personal, recoge NBC News.
Esta semana, la agencia envió un comunicado a sus funcionarios a nivel mundial, en el que se les informaba que a partir del viernes 7 de febrero a las 23:59 (hora EST) serán puestos en licencia administrativa “con excepción del personal designado responsable de funciones críticas para la misión, el liderazgo central y los programas especialmente designados”.
Los recortes forman parte de una reestructuración gubernamental impulsada en parte por el empresario Elon Musk, que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y apoya la reducción del tamaño del Estado y el recorte de gastos.
Musk ha acusado a la agencia de financiar investigaciones de armas biológicas, incluido un laboratorio relacionado con la propagación del covid-19, y la calificó de “nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian a EE.UU.”, así como de “organización criminal”, aseverando que “es hora de que muera”.
Acciones “inconstitucionales e ilegales”
Por su parte, la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales presentaron una demanda contra la Administración Trump, alegando que los esfuerzos para disolver la agencia “han generado una crisis humanitaria global al detener abruptamente el trabajo crucial de los empleados, beneficiarios y contratistas de USAID”.
“Han costado miles de empleos estadounidenses y han puesto en peligro los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, reza el texto presentado en un tribunal federal de Washington D.C. el jueves por la noche.
Los demandantes calificaron las acciones como “inconstitucionales e ilegales” y argumentan que, “de conformidad con el estatuto federal, el Congreso es la única entidad que puede desmantelar legalmente la agencia”. Además, solicitan que el tribunal emita una orden de restricción temporal y una medida cautelar que ordene al Gobierno detener el cierre.
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