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La iniciativa busca reducir los tiempos de los trámites y el costo de las parejas que deciden poner fin a su matrimonio.
El gobierno argentino de Javier Milei envió este lunes al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca simplificar el proceso de divorcio, informó el canal Todo Noticias (TN).
La iniciativa propone reducir los tiempos de los trámites para poner fin al matrimonio sin la necesidad de abrir un expediente judicial. Básicamente, el objetivo es poner a disposición de quienes deciden poner fin a su pareja, un divorcio más agilizado y menos costoso que el que funciona actualmente.
“Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”, dice el texto del proyecto, que lleva la firma del presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
La ley promovida por el Ejecutivo “pretende cubrir un faltante”, dice el documento: “El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo”.
Cambios en el Código Civil
Para ello, el Gobierno impulsa una modificación de la ley de Divorcio, y en ese sentido la norma establece en su artículo 1 que se “sustituye el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación”. En concreto, la normativa suma una causa más de disolución del matrimonio, la de común acuerdo, a las ya existentes: muerte de uno de los cónyuges; sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; o divorcio declarado judicialmente.
De acuerdo a las leyes vigentes en Argentina, el divorcio judicial es necesario incluso si ambas partes están de acuerdo en terminar el matrimonio. Además, durante el proceso judicial, las partes pueden enfrentar restricciones en la disposición de sus bienes y otros aspectos de su vida cotidiana.
“Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”, dice el proyecto entre sus fundamentos.
Sin embargo, en caso de ser aprobados los cambios por el Congreso, esta opción de divorcio rápido estará disponible únicamente en los casos en que ambos cónyuges consientan en la decisión de divorciarse.
“Este sistema permite que personas unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad”, indica la reforma.
