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La medida destaca que un pilar del Gobierno libertario es la defensa de “la propiedad privada”.
El presidente de Argentina, Javier Milei, dio por terminada la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por pueblos indígenas, que regía desde 2006, lo que permitirá que a partir de ahora puedan ser desalojados.
Así lo establece un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial y que critica las prórrogas que esta medida tuvo durante los últimos 18 años, principalmente en el sur del país, y que hasta ahora ha provocado 254 conflictos legales.
“Dicha ley (…) dispuso suspender, por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, explicó.
La prórroga, consideró, “ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores”.
Según el Gobierno, se permitió “un uso abusivo, subjetivo y discrecional” de la norma, que derivó en el reconocimiento de 1.626 comunidades y en un clima de confrontación social por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos, a través de la violencia.
El conflicto, agregó, se profundizó con el pasar de los años, provocó más tomas de tierras y graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales.
“El Gobierno Nacional ha establecido como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho no solo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país”, reza el decreto para justificar los desalojos.
El mes pasado, Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de proteger los derechos de los pueblos indígenas durante una sesión de Naciones Unidas.
